Ahora, Andalucía

El Parlamento de Andalucía aprobó ayer por mayoría de tres quintos el proyecto de nuevo Estatuto de autonomía. De los cuatro grupos que integran la Cámara, dos votaron a favor (PSOE e IU, que cuentan con 67 escaños sobre un total de 109), y los otros dos en contra (PP y Partido Andalucista, que suman 42). El nuevo Estatuto nace con un consenso inferior al deseable: debería haber contado con un mayor respaldo, especialmente el del PP.

No ha sido posible, porque durante los 21 meses de gestación, el PP ha demostrado no tener interés en el acuerdo. De entrada mantuvo que no era necesaria reforma alguna: "Hace más falta un cambio de Gobierno que de Estatuto". Cuando la ponencia estaba finalizando sus trabajos, intentó retrasar su aprobación con el objetivo de impedir a Chaves cumplir su compromiso de sacar adelante la reforma en la actual legislatura. Finalmente, ante lo inevitable, lanzó su acusación máxima: el nuevo Estatuto viola la Constitución y atenta contra la unidad de España. El argumento que ha utilizado para ello es la definición de Andalucía como "realidad nacional" en el preámbulo.

Los dos partidos menores, IU y PA, han jugado papeles opuestos. La coalición de izquierdas, habitualmente muy crítica con los socialistas, aparcaba sus desacuerdos -IU defendía el término "nación"- en aras del consenso, mientras que los andalucistas, en un intento por jugar un papel similar al de ERC, han querido sacar la cabeza a costa de pedir lo imposible. Al grito de nación o nada, se han quedado al margen.

Cuarenta y cinco de los 246 artículos del nuevo texto (el actual tiene 75) se dedican a definir las competencias de la comunidad, que son prácticamente un calco de las previstas en el de Cataluña, con cláusula de blindaje incluida. Se reclaman competencias sobre cuencas hidrográficas, puertos, aeropuertos o inmigración. En el apartado de la financiación también se adopta el modelo catalán -propuesto en su momento por Chaves-, con la variante de que se reclaman inversiones del Estado en función de la población y no del PIB. Y recoge un amplio capítulo dedicado a los derechos sociales, entre los que destaca el derecho a una muerte digna o la laicidad de la enseñanza pública. Según Chaves, se trata de un proyecto "avanzado, innovador y progresista".