Francia debate la ley de Sarkozy para seleccionar a los inmigrantes

En un ambiente de cuchillos largos, con el primer ministro, Dominique de Villepin, tocado por el caso Clairstream, la Asamblea Nacional francesa (Cámara baja) iniciará hoy la tramitación del proyecto de ley sobre inmigración del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy. El proyecto ha sido presentado como el instrumento que permitirá a Francia "escoger" a sus inmigrantes, en lugar de "padecerlos".

Sarkozy defiende esta iniciativa, que establecería, de una manera u otra, una política de cuotas como el mejor "escudo contra el racismo". La oposición no piensa lo mismo, y tampoco las iglesias -católica, protestante, musulmana y judía- ni las ONG que se ocupan de estos problemas.

El texto, que Sarkozy viene anunciando desde hace meses, establece que el Ejecutivo determinará cada año en qué sectores de la actividad económica se necesita mano de obra para admitir a un número determinado de inmigrantes especializados que puedan trabajar en ellos.

En último término, se trata de cambiar un modelo de tipo humanitario por otro directamente relacionado con el mercado de trabajo y la eficiencia económica. Francia no tiene actualmente un flujo migratorio como el de España o Italia, pero el sistema abre la puerta a una población subvencionada para la que no hay puestos de trabajo.

El proyecto de ley, que no esconde su condición de arma electoral a menos de un año de las elecciones, endurece considerablemente los controles para acceder a la residencia y aumenta las trabas para el reagrupamiento familiar de los inmigrantes. En la actualidad, la ley autoriza la entrada de familiares, de primer o segundo grado, con sólo disponer del salario mínimo.

De aprobarse el nuevo texto, se exigirá demostrar un nivel más alto de recursos mínimos para acoger a familiares. También se cerrará la vía de los matrimonios, especialmente los llamados matrimonios blancos, cuyo único objetivo es proporcionar un pasaporte francés al cónyuge que llega del extranjero, aumentando hasta cuatro años el plazo de tiempo necesario para obtener la nacionalidad.

El proyecto de ley que hoy entra en el Parlamento establece la obligación para los inmigrantes de firmar un "contrato de integración" comprometiéndose a aprender la lengua francesa, respetar las leyes y la igualdad entre hombre y mujer. No cumplir este contrato se castigará con la pérdida de las ayudas sociales e incluso la expulsión del país. El Consejo de Iglesias Cristianas de Francia ha mostrado abiertamente su disconformidad con la ley. El cardenal Jean Pierre Ricard, presidente de la Conferencia Episcopal, considera que el texto "no es realista desde un punto de vista práctico", pero es "problemático en lo humano".

El proyecto de ley del ministro del Interior supone un claro guiño a los votantes de extrema derecha que Sarkozy quiere subir al carro de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) que él mismo preside. Y en este sentido hay que entender sus recientes declaraciones, casi copiadas de las del líder del ultraderechista Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen. "A quienes no les gusta Francia, no deberían tener inconveniente en dejarla", dijo. "Cuando se pide vivir en Francia, hay que comprender que se vive en democracia. Y esto significa que la prensa tiene derecho a publicar caricaturas, también las religiosas, o que no se puede impedir a una mujer que vaya a ver a un médico", matizó.