El PSPV propone cambios legales para atender a discapacitados escolarizados

"La Administración valenciana no puede dejar este problema sin atender", advierte el diputado socialista Joaquim González Sospedra, a un mes y medio de que finalice el curso escolar. Según sus datos, hacen falta unos 300 educadores más para atender a todos los niños con discapacidad escolarizados en los centros educativos valencianos. El PSPV ha presentado en las Cortes un plan "urgente" para combatir este problema.

"El problema es muy grave", sostiene el diputado autonómico socialista. Se trata de escolares con problemas psicomotrices de distinto grado, con síndrome de Down, síndrome de Aspergen, espina bífida o trastornos de control de esfínteres, por lo que "si un educador está de baja médica por enfermedad y esta no se cubre en tiempo y forma, como ahora, el colegio no puede atender sus necesidades en condiciones", explica González Sospredra.

De hecho, a principios de curso tras las protestas de los padres y madres de los niños afectados en la provincia de Alicante y de los directores de los colegios donde están matriculados -que denunciaron la falta de 100 educadores- "los Servicios Territoriales de Educación acabaron por tener que abrir las puertas de los colegios a las madres para que pudieran atenderlos ellas", recuerda el secretario de Educación del PSPV, Miguel Soler.

Para combatir este "problema social", el grupo socialista ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento valenciano para que "se incorpore de manera urgente todo el personal docente y no docente que se requiere". Además de la prioridad de "cubrir todas las vacantes y sustituciones que hacen falta", la propuesta socialista considera "imprescindible modificar el actual proceso administrativo", ya que "al depender de tres consejerías mantiene bloqueadas las sustituciones por bajas durante meses", urge el diputado.

Burocracia administrativa

Según González Sospedra, "los retrasos en cubrir la vacante o la baja médica se producen porque el personal no docente tiene que pasar por tres consejerías" -Educación, que detecta la necesidad educativa; Administración Pública, que autoriza el nombramiento; y Hacienda, que firma el presupuesto- con lo cual "el exceso de burocracia acaba incidiendo en el buen funcionamiento de los centros".

El parlamentario subraya que esta situación -"además de farragosa para el personal"- repercute en dos niveles: el educativo, ya que el centro no puede con todo, y el familiar, que es el que acaba haciéndose cargo de sus hijos en horario lectivo.

Según adelantó ayer González Sospedra, "el problema se agrava cuando estos alumnos llegan a la etapa educativa de Secundaria", que es obligatoria además, y que es "cuando sufren mayores problemas de integración". "En el caso de las enseñanzas de régimen especial (conservatorios, artes), es que ni se lo plantean", añade. "Las universidades, son en este momento, las que mejor atendido tienen este segmento de población".

En todo caso, Soler y González Sospedra, sostienen que "se trata de un problema de voluntad política, exclusivamente". "Bastaría", según Soler, "con que las Cortes pidan a Presidencia una autorización para que todo el personal docente y no docente que atiende a estos niños dependa directamente de Educación".