Kioto desde el sur

España no consigue frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero y cada vez se aleja más de los compromisos adquiridos por la Unión Europea (UE) dentro del Protocolo de Kioto. Andalucía, con un vertido anual que se acerca a los 60 millones de toneladas de dióxido de carbono, es la comunidad que mayor cuota mantiene en el conjunto de las emisiones nacionales. La Consejería de Medio Ambiente, sin embargo, considera que la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, puesta en marcha en 2002, ha comenzado a dar sus frutos.

Joaquín Nieto, secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC OO, y José Santamarta, director de la edición española de la revista World Watch, publicaron, a comienzos de abril, el balance de las emisiones de gases de efecto invernadero en España durante el periodo 1990-2005. Los cálculos de estos dos especialistas, que vienen haciéndose públicos desde hace varios años, se han convertido en el referente más fiable a la hora de evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos que España adquirió con respecto al Protocolo de Kioto.

Tomando como referencia las emisiones de 1990, la UE se comprometió a reducirlas en un 8% antes de 2012. Para lograr este objetivo el esfuerzo debe repartirse de manera desigual, ya que los países más desarrollados tienen que recortar sus emisiones en porcentajes de hasta un 21%, mientras que los países con menor grado de industrialización pueden, incluso, aumentar sus emisiones. España pertenece a este segundo grupo, por lo que, en el reparto fijado por Bruselas, le correspondió un aumento del 15% en sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este compromiso, sin embargo, está cada vez más lejos de cumplirse, ya que, hasta ahora, y de acuerdo a la última evaluación de Nieto y Santamarta, el aumento registrado en España se acerca al 53%, más del triple de lo permitido.

En la actualidad, y a escala nacional, se están arrojando a la atmósfera, cada año, alrededor de 442 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y, de acuerdo a las previsiones de los especialistas, esta cifra apenas se podrá reducir ligeramente en los próximos cinco años, cuando comiencen a dar sus frutos algunas de las medidas puestas en marcha en la actual legislatura, como el Plan de Fomento de las Energías Renovables.

En Andalucía la situación no difiere de la que se anota en el conjunto del país. En el último balance de emisiones de gases de efecto invernadero por comunidades, referido al periodo 1990-2002, el crecimiento atribuido a Andalucía se situaba en un 46%. Si en 1990 los vertidos de dióxido de carbono equivalente sumaban en 37 millones de toneladas, en 2002 se acercaron a los 54 millones de toneladas, convirtiéndose en la región que mayor cuota aportaba al conjunto de las emisiones españolas (13,69%).

Los últimos datos, correspondientes a 2003 y facilitados por la Consejería de Medio Ambiente a mediados de febrero, revelan que la tendencia al alza no se ha neutralizado aún. En aquel año se arrojaron a la atmósfera 57,6 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo que supuso el 14,2% de las emisiones anotadas en España. Estos datos pueden matizarse incorporando otras variables como, por ejemplo, el PIB, el volumen de población o la presencia de industrias particularmente agresivas. Poniendo en relación los vertidos con estos otros factores, Andalucía no queda en mal lugar si la comparamos con otras comunidades.

A pesar de todo, la Consejería de Medio Ambiente asegura que la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, aprobada en septiembre de 2002, ha comenzado ya a dar sus frutos y que, de hecho, las diferentes acciones que contempla han servido para evitar la emisión de 1.350.000 toneladas de gases de efecto invernadero. Asimismo, la elaboración de un inventario de sumideros a escala regional ha puesto de relieve "el importante papel de los ecosistemas forestales de Andalucía en la absorción de estos gases, retirando 151 millones de toneladas de carbono de la atmósfera". El moderado optimismo que muestran los responsables de la Administración no es compartido por los ecologistas, convencidos de que los esfuerzos realizados son insuficientes.

sandoval@arrakis.es