Estériles a la fuerza: por fin una victoria

Son gitanas checas, y una intervención médica que aseguran no haber consentido las ha dejado estériles para siempre. Hasta 80 mujeres se han quejado ante el Defensor del Pueblo, que recientemente ha concluido que la República Checa se enfrenta a un problema de esterilizaciones no consentidas. La mitad de estas mujeres fueron intervenidas durante los años del comunismo, en los que las prácticas eugenésicas eran reconocidas; la otra mitad, tras la caída del telón de acero y hasta hace bien poco.

Tras años de silencio, algunas de las afectadas -la gran mayoría, gitanas- han decidido organizarse y han optado por librar una batalla legal que ya ha dado sus primeros frutos: una sentencia del tribunal de Ostrava, al oeste del país, ha obligado al hospital que esterilizó en 2001 a Helena Ferencicova a pedir disculpas por no haber recabado el consentimiento de la paciente de forma adecuada.

Jalogova y las decenas de mujeres que han pasado por su situación se aferran ahora a las palabras del Defensor del Pueblo checo

El jefe médico asegura que el hospital siempre recaba el consentimiento de los pacientes y considera que las afectadas sólo buscan sacar provecho económico

Helena Jalogova es una de las gitanas que han decidido hablar y llevar su caso hasta el Defensor del Pueblo. En 1990 vio cómo su deseo de tener hijos se desvanecía para siempre tras el parto de su cuarto hijo. A esta mujer gitana le hicieron firmar unos papeles que asegura no entendía. "No sé leer ni escribir muy bien", reconoce. "Cuando me iban a dar el alta fue cuando me dijeron lo que me habían hecho. Tardé un año en atreverme a contárselo a mi marido. Él no entendía por qué no me quedaba embarazada, y al final se lo dije. Quiso separarse, pero al final se quedó. Cuando bebe, todavía me lo reprocha", cuenta Jalogova, una mujer gruesa y sonriente, que dice que ella y su marido, minero, están pensando en adoptar a un niño.

Jalogova vive con su familia en Privoz, un gueto al que llaman barrio, a las afueras de Ostrava. Allí, el deshielo que anuncia el fin del gélido invierno checo saca a la superficie montañas de basura, que los servicios del Ayuntamiento no recogen. En Privoz no hay comercios ni centro de salud; sólo casas, que están que se caen. Este barrio es sólo uno de los que encierran a la comunidad gitana de Ostrava, donde se calcula que cerca de un tercio de sus 300.000 habitantes son de esta etnia. La tercera ciudad de la República Checa vive hoy sus horas más bajas, inmersa en una difícil transición a la economía de servicios después de haber sido el motor industrial y minero del país. La precariedad social y laboral de la zona golpea especialmente a la comunidad gitana, según los servicios sociales de la ciudad.

Jalogova y las decenas de mujeres que han pasado por su situación se aferran ahora a las palabras del Defensor del Pueblo checo. El informe final de esta institución establece que "es un hecho histórico que antes de noviembre de 1989, Checoslovaquia aplicó una serie de medidas contra la comunidad gitana, dirigidas a su asimilación en la sociedad. Estas medidas incluyeron esfuerzos por parte de los servicios sociales para controlar la natalidad en la comunidad gitana, para que dejaran de representar 'un riesgo social". Por eso, el Defensor solicita indemnizaciones para las mujeres esterilizadas durante ese periodo. Asimismo considera que a partir de 1990 no ha habido ninguna política estatal dirigida a reducir la natalidad entre los gitanos, pero que el problema de "las esterilizaciones ilegales existe". Además, el Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno checo la puesta en marcha de una serie de medidas para que el consentimiento informado se haga efectivo.

Michaela Tomisova es la joven abogada que defendió el caso de Ostrava y que está dispuesta a poner patas arriba los tribunales del país para lograr arrancar la petición de perdón a los culpables, y compensaciones económicas para las víctimas. "Aquí, en la República Checa, es bastante corriente que no se pida el consentimiento en los hospitales, porque los médicos piensan que saben mejor que el paciente lo que hay que hacer; no se considera al enfermo como alguien autónomo", explica Tomisova en su despacho de la Universidad de Brno, al sureste de Praga, donde trabaja en un doctorado sobre los derechos del paciente. Tomisova considera que la esterilización forzada de mujeres checas ha sido y es "un problema general, pero se agudiza en los grupos más vulnerables: mujeres y gitanas".

Avalancha de denuncias

Richard Spousta, el jefe médico del hospital público Fifejdy, en Ostrava, en el que esterilizaron a Jalogova, niega rotundamente las acusaciones. Asegura que el hospital siempre recaba el consentimiento de los pacientes de forma adecuada y considera que las afectadas sólo buscan sacar provecho económico. "Aquí, cada paciente recibe un formulario que debe rellenar y en el que se explica en qué consiste la operación. Si no lo entiende, puede preguntar", dice el joven Spousta. "Además, ¡qué casualidad que empiecen todas a quejarse ahora! Hace años que sabían lo que les había pasado y no parecía importarles", añade. La abogada Tomisova explica que la avalancha de denuncias tiene que ver con que estas mujeres empiezan a tomar ahora conciencia de lo sucedido y además tienen por primera vez acceso a ayuda legal. La mayoría de las clientes de Tomisova son gitanas que viven en barrios como el de Jalogova y que no tienen acceso a la justicia. "Al principio eran conscientes de que les había sucedido algo malo, pero no sabían muy bien qué hacer. A la mayoría les ha costado mucho reconocer públicamente lo ocurrido", dice la jurista.

A la toma de conciencia ha contribuido una suerte de terapia de grupo que el primer viernes de cada mes reúne a una veintena de gitanas en la sede de una asociación de Ostrava. Allí, las mujeres hablan de su pasado y de su presente, y dicen que les ayuda mucho darse cuenta de que otras están pasando por lo mismo. Eso cuenta Helena Gorolova, también gitana, y esterilizada sin haberlo consentido el 24 de septiembre de 1990, según cuenta esta mujer de piel morena y pelo color azabache en la sede de la asociación Vivir Juntos. "Llevaba un día ingresada en el hospital para dar a luz. Sangraba mucho y el parto se complicaba. Vinieron varios médicos con unos papeles y me hicieron firmar. Uno de los papeles era una autorización para ser esterilizada, pero yo no tenía ni idea de lo que firmaba, me estaba muriendo de dolor y la anestesia empezaba a hacer efecto", cuenta Gorolova, quien dice estar convencida de que las gitanas se enfrentan a un caso claro de discriminación. "Sabemos que también ha habido casos de mujeres payas, pero el número no es ni muchísimo menos tan alto", apunta.

Para estas mujeres, al deseo frustrado de tener hijos se le suma el estigma que esto supone para una mujer gitana. "Para nosotras es muy difícil", explica Gorolova, de profesión cerrajera y que como su esposo, minero, vive de lo que cobran del paro. "A mi marido le dicen: 'Tu mujer no sirve para nada, no puede tener hijos'. Para las suegras supone toda una deshonra". A Gorolova le gustaría llevar su caso a los tribunales, pero no tiene el dinero suficiente para pagar un abogado, así que esperará a que Tomisova quede libre y pueda ocuparse de su caso.