Iniciativa filibustera

UNA CARAVANA FESTIVA de 10 furgonetas transportó el pasado martes hasta las puertas del Congreso los cuatro millones de firmas reunidas por el PP con el fin de respaldar una proposición no de ley de su Grupo Parlamentario para exigir al presidente del Gobierno la celebración de un referéndum estatal sobre la conveniencia de que "España siga siendo una única nación" cuyos ciudadanos "sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las funciones públicas". Aunq ue la irresistible tendencia del partido que copresiden Fraga, Aznar y Rajoy a confundir la modernidad política con el folclore mediático pueda tal vez disculpar el espectáculo circense de la solemne entrega de los 450.000 pliegos a los sevicios de la Cámara, a primera vista resultan bastante sorprendentes, en cambio, tanto los esfuerzos desplegados durante tres meses por el PP para juntar varios millones de rúbricas superfluas (la iniciativa popular exige 500.000 firmas pero la Constitución prohíbe esa vía legislativa para las normas orgánicas sancionadoras de los estatutos) como el buñuelo de una pregunta tan huera como retórica.

Los dirigentes del PP desaprovecharon explotar el descontento provocado por la propuesta estatutaria del Parlament posteriormente modificada en el Congreso

En realidad, la proposición no de ley del grupo popular para que el presidente del Gobierno convoque en toda España una consulta sobre esa peregrina pregunta es una operación filibustera de obstrucción parlamentaria, programada con ese propósito dos meses antes de la celebración en Cataluña -el 18 de junio- del preceptivo referéndum sobre el nuevo Estatuto. Recogidas sin las garantías de autenticidad que sólo pueden ofrecer las instancias autónomas e independientes, esos millones de firmas son presentadas por el PP como la manifestación auténtica de la voluntad general de Rousseau. Pero el rudimentario acarreo de adhesiones partidistas susceptibles de todo tipo de manipulación nada tiene que ver con un sistema electoral democrático; depositados, escrutados y recontados los votos en las urnas bajo la vigilancia de los interventores y el control del poder judicial, sólo el sufragio universal, igual y secreto asegura la limpieza del veredicto.

El descontento, la irritación o el rechazo registrados en el resto de España por la maximalista propuesta del nuevo Estatuto aprobada el 30 de septiembre en el Parlamento de Catalaña aguzaron el apetito electoral del PP, que vislumbró la posibilidad de reconquistar los espacios perdidos el 14-M y ganarse a los votantes socialistas decepcionados. Pero la disparatada estrategia trazada por los populares les ha llevado a desaprovechar esa oportunidad: lejos de ganarse las simpatías de los críticos de centro-izquierda, han terminado por asustarles con sus berridos y por decepcionarles con su rigidez. El PP hubiese podido denunciar los aspectos inconstitucionales, confederalistas e insolidarios de la propuesta estatutaria y proponer después textos alternativos posibilistas. Rajoy, sin embargo, decidió componer e instrumentar una marcha fúnebre sobre la ruptura del Estado y las postrimerías de España: a su juicio, la propuesta estatutaria del Parlamento catalán era tan inmodificable como la coraza de un puercoespín.

Sin embargo, el Congreso desmintió los sombríos augurios de Rajoy al rectificar casi 160 artículos del texto inicial; los airados rebotes de los dirigentes de ERC (el recién nombrado consejero de Gobernación, el pintoresco alcabalero Xavier Vendrell, considera "una tomadura de pelo" la versión actual del Estatuto) son la mejor prueba de la importancia de los cambios introducidos. Entre tanto, el PP continúa uncido a la noria de sus reiterados mantras apocalípticos y sigue urdiendo inventos jurídicos rabulescos que le conducen al desierto. El Constitucional ni siquiera admitió el recurso de amparo presentado el pasado 2 de noviembre por Zaplana para suspender la tramitación de la propuesta. Y frustrada la incoada intentona de promover una iniciativa legislativa popular para exigir la convocatoria de un referéndum sobre el Estatuto catalán en toda España, el destino final de las millonarias rúbricas transportadas en 10 furgonetas al Congreso será servir como inutil peana a una proposición no de ley del PP inspirada por idéntico propósito y condenada al mismo fracaso.