Año y medio de silencio
El proyecto de la ley de Suelo viene de la anterior legislatura. Empezó a debatirse a finales de 2004 y fue rechazado en febrero de 2005 por el Parlamento, al no lograr el tripartito los apoyos políticos de algún partido de la oposición. El texto, elaborado por el quipo de Madrazo, volvió a presentarse con idéntico contenido y recibió el visto bueno del nuevo Gobierno tras el pasado verano. Otra vez empezó el debate entre los partidos políticos y, cuando parecía que encallaría nuevamente, en marzo se logró el acuerdo con los socialistas. Un proceso en el que el PNV se mantuvo en silencio, dejando la inciativa a la consejería de Javier Madrazo.
Por eso ha extrañado que, superada ya la fase de presentación de enmiendas e iniciado el estudio del proyecto en ponencia, los peneuvistas hayan sacado una propuesta con cambios de calado. El portavoz del PSE, Rodolfo Ares, mostró ayer su sorpresa porque, "con todo el tiempo que el PNV ha tenido para hacerlo, no lo haya hecho hasta ahora". El propio Iñigo Urkullu reconoció que "no es habitual" esta actuación de uno de los socios de un Gobierno, aunque sí por parte de los partidos de la oposición.
El dirigente peneuvista explicó la tardanza de su partido en que el debate no había terminado con las organizaciones sociales, pese a tratarse de un asunto que viene de la anterior legislatura. "Ha podido ocurrir que hayamos dado pasos para elaborar la ley sin haber tenido todos los partidos políticos las propuestas debidamente completadas". Por ello, dijo que la ponencia en el Parlamento es el lugar para realizar nuevas aportaciones, "antes de llegar a otros trámites donde está ya todo cerrado".
Destacó Urkullu que su propuesta reserva un mínimo del 20% para alquiler social público, un 60% se repartiría entre la vivienda protegida -en un porcentaje pendiente de definirse- y la tasada, con precios de entre 78.000 y 210.000 euros. El 20% restante sería para la libre.
Con estos planteamientos, vaticinó que los jóvenes podrán acceder a viviendas a través de los alquileres sociales, descendcrán los precios del mercado libre, habrá un control del precio real suelo evitando la especulación y se "romperá la dinámica de que la nueva construcción sea el lugar preferido para invertir".
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