La violencia irrumpe en la campaña mexicana

"Para que aprendan a respetar", decía el mensaje que dejaron los asesinos junto a las cabezas de dos víctimas degolladas el pasado miércoles en Acapulco. Una pertenecía a Mario Núñez Magaña, ex comandante de policía. El sábado, Fidel Arellano, director de Seguridad Pública de Pungarabato, en el mismo Estado de Guerrero, era acribillado. En el puerto de Lázaro Cárdenas (Estado de Michoacán) dos mineros cayeron bajo las balas de los policías que intentaban desalojar una fábrica tomada por huelguistas. Los tres hechos ocurrieron durante la semana pasada, especialmente violenta, en una escalada que parece no tener fin a medida que avanza la campaña electoral.

Los principales candidatos a las presidenciales del 2 de julio apenas hablan del problema. Salvo declaraciones de rigor en aquellos Estados más golpeados por el crimen organizado, se diría que la violencia no es tema de campaña. El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo, aludió a la cuestión en un acto de campaña en Baja California, uno de los Estados con mayor índice de criminalidad. Le acompañaba el alcalde de Tijuana, el priísta Jorge Hank Rhon, a quien se vincula con el lavado de dinero. En su discurso se limitó a constatar que "aparecen decapitados los policías de Guerrero y cadáveres en diferentes partes del país", y advirtió de que la inseguridad pone a México al borde de la ingobernabilidad.

El fiscal general advierte de que el narcotráfico intenta interferir en los comicios de julio

"Los candidatos no abordan el tema del narcotráfico y no hacen propuestas concretas porque saben que es un problema estructural, que ha crecido mucho y ha infiltrado muchas instituciones", opina Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso y profesor de Medios de Comunicación y Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana.

El cartel "Para que aprendan a respetar", que los asesinos colgaron junto a la cabeza del jefe policial Mario Núñez Magaña, tiene que ver, según los especialistas, con la connivencia de sectores de la Policía Municipal de Acapulco con el narcotráfico. Hay evidencias de que el crimen organizado ha penetrado instituciones de Gobierno en todos los niveles. Un avión DC-9 de pasajeros propiedad de una empresa estadounidense fue detenido recientemente en el aeropuerto de Ciudad del Carmen (Estado de Campeche) con 5,5 toneladas de cocaína de gran pureza. Procedía de Venezuela. Los dos pilotos eran ex militares mexicanos que trabajan para la Comisión Nacional del Agua y que tienen antecedentes delictivos. "El Estado mexicano está infiltrado de tal manera que los narcotraficantes tienen hoy los cielos y las carreteras abiertas en México", comenta Carrasco.

El procurador general (fiscal) de la República, Daniel Cabeza de Vaca, advirtió de que el narcotráfico trata de interferir en la campaña electoral. Fue una declaración sorprendente. No dio detalles y todos los partidos reaccionaron diciendo que no es verdad. Es muy difícil demostrar lo que hoy son sospechas, más o menos fundadas, sobre la implicación del narcotráfico en la campaña electoral, porque no hay fiscalización suficiente.

Durante los meses previos a la campaña, los partidos políticos gastaron ingentes sumas de dinero. Un gasto que no está regulado o supervisado por la autoridad electoral. "Hay un hoyo negro que permite a los interesados en blanquear dinero acercarse a los partidos", asegura Carrasco.

Diversos observadores interpretan que casos como la muerte de dos mineros en Michoacán por disparos de la policía han supuesto un hito trágico en el nivel de descomposición del sistema sociopolítico mexicano. Esos incidentes, en concreto, se enmarcan en una lucha sorda que mantiene el Gobierno federal con determinados dirigentes sindicales. En un contexto como el actual, nada más apetecible para algunos candidatos que aprovechar la muerte de los dos mineros para fines electorales.