El convenio entre las dos administraciones cierra 16 años de proyectos y desencuentros

El acuerdo que ayer cerraron las administraciones central y vasca pone fin a 16 años de proyectos sobre el trazado en alta velocidad ferroviaria en Euskadi salpicados de retrasos y desencuentros. Lejos queda ahora 1989, cuando, tras la aprobación del AVE Madrid-Sevilla, el País Vasco empezó a competir con Cataluña por ser la siguiente comunidad en disponer de esta infraestructura. Hasta ahora, sin embargo, no se ha puesto ni una traviesa, mientras otras comunidades han inaugurado ya algunos tramos. La demora en la definición de la línea Madrid-París ha retrasado también la Y vasca.

Pese a ser considerada una obra trascendental para el futuro de Euskadi, el clima político nunca ha sido lo suficientemente propicio como para acometerla. La aprobación de la declaración de impacto ambiental (a finales del año 2000) parecía que iba a encarrilar el proceso, pero se sucedieron años de inacción. Llevando a cuestas sus propias contradicciones (el acuerdo de legislatura con EH en 1998 imponía la congelación del proyecto y EB nunca lo ha aceptado), el Gobierno vasco decidió acelerarlo a mediados de la legislatura pasada. Aunque es competencia estatal, adjudicó los proyectos del ramal guipuzcoano de forma unilateral, lo que fue recurrido por el Ministerio de Fomento, entonces en manos del PP. El Ejecutivo autónomo alegó falta de voluntad política de Fomento para rubricar el convenio por el que ambas administraciones se repartirían las obras (el que se firmó ayer) y el ministerio recurrió a la justicia. En medio de esta polémica, el Consejo de Ministros, aún presidido por José María Aznar, aprobó el 13 de febrero de 2004 la licitación de los proyectos de 46 kilómetros de la Y, con una inversión de 814 millones.

Aquello pareció apaciguar los ánimos entre ambas administraciones, pero el cambio de Gobierno tras las elecciones de marzo de 2004 conllevó nuevos contratiempos. Fomento, ya en manos del PSOE, corrigió las adjudicaciones de tramos "inconexas y sin sentido" que había hecho el PP, según la ministra Magdalena Álvarez, y optó por paralizar todas las adjudicaciones, lo que se tradujo en un nuevo retraso.

Apoyo a los Presupuestos

Sin embargo, el clima entre los gobiernos vasco y central había mejorado. La ministra incluso llegó a asegurar que los proyectos del ramal guipuzcoano lanzados por el Departamento de Transportes en su momento, y recurrido ante el Tribunal Constitucional, podían ser complementarios con la actuación del ministerio. Sin embargo, esas buenas palabras no se concretaron en nada y el recurso judicial que en su momento interpuso el PP desde el Gobierno lo siguió manteniendo el PSOE, con lo que todo quedó parado de nuevo.

Finalmente, en diciembre de 2005, el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado permitió allanar el camino para la construcción de la obra de mayor envergadura de la historia de la comunidad autónoma con una acuerdo político por el que la Administración central cede la ejecución del tramo Bergara-Irún al Gobierno vasco. Éste adelantará el coste de las obras y se deducirá luego el importe del Cupo anual que paga al Estado.