Un millar de trabajadores ha perdido la vida en accidente laboral durante la última década

Un millar de trabajadores ha perdido la vida en accidente de trabajo en los últimos diez años. La siniestralidad laboral ha estado en la última década vigilada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en noviembre de 1995. El texto tiene consenso. Sindicatos y fiscales, por ejemplo, consideran que la norma es buena. El problema radica en su aplicación. La falta de medios, de cultura de la formación e información, así como inversión en seguridad para el empresario entre otras cuestiones, junto a la temporalidad o la subcontratación, impiden que los accidentes desciendan sustancialmente.

Europa se propuso hacer de la Seguridad Laboral una prioridad. Y la aprobación del Acta Única obligó a los distintos estados miembros a abordar la elaboración de normativas para prevenir en materia de salud en el trabajo y para sancionar los incumplimientos. La ley española se aprobó en noviembre de 1995 y a ella siguieron reglamentos para desarrollarla que han precisado todos y cada uno de los sectores productivos y las situaciones. A esa normativa se han ido sumando iniciativas autonómicas, la principal de las cuales es el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat). El secretario de Acción Sindical de UGT-PV, Carlos Calero, considera la creación del Invassat como el "principal paso" dado por el Consell en estos diez años en materia de seguridad y salud laboral, aunque recuerda que éste aún es una mera "formulación teórica". Calero considera que la actitud del Consell en esta materia "es bastante pasiva".

Paralelamente a los reglamentos, distintas actuaciones se han ido poniendo en marcha, entre ellas, dos planes de choque contra los accidentes laborales y también específicamente contra los mortales por parte de la Administración valenciana. Los sindicatos también han desarrollado una tarea de formación, información e incluso de fiscalización de los espacios de trabajo que ha dado algunos frutos. Aún así, los balances describen una situación de riesgo calificada, por ejemplo, esta misma semana de "escandalosa" por líderes sindicales, o de "inaceptable" por parte fiscales o jueces. En 1996, en la Comunidad Valenciana, murieron 95 trabajadores. En 2005, fueron 102. En lo que va de año, sólo en la provincia de Valencia, han perdido la vida 30 operarios. Y si bien es cierto que la cifra de activos y ocupados ha crecido con fuerza en el periodo -la de ocupados ha pasado de poco más de 1,3 millones en el primer trimestre de 1996 a más de 2,1 millones en el mismo periodo de 2005, según la EPA (Encuesta de Población Activa)- y con ellos el universo susceptible de sufrir un accidente, no lo es menos que esta evolución es general en toda Europa con resultados dispares. Además, el índice de incidencia de los accidentes mortales no termina de mantener una tendencia clara a la baja.

"Hacia arriba o hacia abajo, no ha habido una evolución constante" explica Joan Martínez, responsable de Salud Laboral de CC OO-PV en referencia a los datos de siniestralidad. Martínez asegura que aún existe una resistencia a que los trabajadores participen en seguridad laboral y recuerda que las principales dificultades en esta aplicación se producen en las empresas pequeñas. Tanto el responsable de CC OO-PV como el de UGT-PV coinciden en valorar la ley de Prevención de Riesgos Laborales y puntualizan que el problema viene a la hora de su aplicación. "El tejido español no es la misma en todas partes, por tanto precisa de actuaciones adaptadas a cada realidad", explica Carlos Calero.

"Las causas que motivan los tan preocupantes índices de siniestralidad laboral son muchas, y unidos a una política de recortes de costes, multiplican el riesgo para la vida, salud de los trabajadores, como son la proliferación de los contratos temporales, trabajadores autónomos que dependen en realidad de la única empresa a la que prestan sus servicios, trabajo a destajo, empresas de trabajo temporal y sobre todo, contratas", recoge la memoria de 2005 de la Fiscalía de Valencia sobre la siniestralidad laboral.

El factor más difícil de modificar, tal como señala el fiscal coordinador de Riesgos Laborales de la Fiscalía de Valencia, Jaime Gil, "es el cultural". De una parte, que el empresario entienda que la prevención no es un gasto sino una inversión y una obligación que especifica la ley en su artículo 15. De otra, que el trabajador no acepte, y la ley así lo recoge en su artículo 29. Y de otra, la respuesta que ante las infracciones dé la Administración y la Justicia.

Jaime Gil asegura que "sólo con que se cumpliera el 60% de lo que establece la Ley, la realidad sería otra muy distinta".