Varias entidades avisan del peligro de colapso en la Gran Via de L'Hospitalet
"Ni Fomento ni la Generalitat hacen los deberes", dice el municipio
Varias instituciones han alertado del peligro de que la Gran Via de L'Hospitalet sea impracticable en un futuro próximo debido al caos circulatorio. Este eje, que hasta ahora era importante por ser una puerta de entrada a Barcelona, lo será más al consolidarse como centro de trabajo y de atracción para miles de personas cuando finalicen las obras de los múltiples proyectos en marcha, como la Ciudad de la Justicia, la ampliación de la Fira de Barcelona y la construcción de oficinas en el emergente distrito económico y de casi 2.000 viviendas en la plaza de Europa.
"Si los accesos se quedan tal como están, llegaremos al colapso", afirma el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de L'Hospitalet, Alfons Bonals. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha avisado del mismo riesgo si la construcción del metro y las infraestructuras que hay en marcha no se acelera. "Ni el Ministerio de Fomento ni la Generalitat están haciendo los deberes", afirmó.
Algunos fines de semana la Gran Via ya se satura por los vehículos que acuden a los centros comerciales y de ocio. Pero el problema se centra en los días laborables, en los que por el momento llegan unas 10.000 personas a trabajar, una cifra que en el futuro se situará por encima de las 30.000 (tan sólo por la Ciudad de la Justicia se calcula que pasarán a diario varios miles de personas). Las cifras pertenecen a un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en el que se proponen algunas medidas para paliar la falta de transporte público que ya sufre en la actualidad esta zona.
Según el análisis de la situación actual realizado por la UPC, el 67% de los empleados de las 71 empresas ubicadas en el distrito económico optan por utilizar el vehículo privado y, ante la falta de aparcamiento, invaden las aceras. Esto se debe a que la distancia media desde las paradas de transporte colectivo de los alrededores de la Gran Via al lugar de trabajo es de medio kilómetro.
Nueva estación de tren
Por ello, el estudio propone que la línea 16 de autobús recorra el interior del polígono y la 79 (la única que penetra en el distrito) se alargue hasta las estaciones de metro, Renfe y Ferrocarrils de la Generalitat, en el barrio de Santa Eulàlia. Pero esto tan sólo resolvería la situación actual, sin tener en cuenta los miles de empleados y nuevos vecinos que se sumarán en los próximos años.
Actualmente se está construyendo una estación de Ferrocarrils de la Generalitat en la intersección entre la Gran Via y Amadeu Torner, la cual entrará en funcionamiento el próximo verano y más adelante tendrá carácter intermodal, ya que conectará con la línea 9 de metro, que también tendrá parada en la plaza de Europa. Estas nuevas infraestructuras permitirán, junto con la llegada de la línea 1, que unos 6.000 trabajadores se puedan servir del transporte público, siempre y cuando un autobús lanzadera conecte las estaciones con los puntos de trabajo, como propone el estudio de la UPC. Sin embargo, ello no garantiza que la movilidad de toda la población esté asegurada. "Se tendrá que trabajar para prever si con los medios previstos hay suficiente", apuntaron los responsables de la Universidad Politécnica.
Los empresarios de L'Hospitalet se quejan de que unas obras de conexión entre el Cinturón Litoral y la Gran Via mantienen desde hace dos años cerrados los accesos al polígono Pedrosa desde la primera vía rápida. El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento apeló a que "todas las administraciones se impliquen", ya que el sector tiene una importancia vital para "la región metropolitana". La Universidad Politécnica realizó el estudio sobre la movilidad en el distrito económico de la Gran Via por encargo del Departamento de Política Territorial y el Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona (organismo formado por 45 ayuntamientos, el sector empresarial, sindicatos y universidades). Las propuestas se analizarán en una mesa en la que participarán las administraciones, los agentes sociales y los sindicatos.
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