El PSE advierte a Izaskun Bilbao del riesgo de coartar el control al Gobierno

El grupo socialista ha lanzado una primera llamada de atención a la presidenta del Parlamento vasco, la peneuvista Izaskun Bilbao, como responsable del funcionamiento de la Mesa, sobre el riesgo de que la calificación reglamentaria de las iniciativas de la oposición se convierta en una forma de obstaculizar la tarea de control al Gobierno. El PSE entiende que el hecho de que la Mesa, en la que el tripartito suma mayoría, transforme en preguntas parlamentarias determinadas interpelaciones produce dicho efecto y advierte: "No quisiéramos que en esta legislatura" la Mesa se convirtiera de nuevo "en un órgano politizado a favor de los intereses del Gobierno".

La advertencia se ha realizado en términos moderados y con razonamientos estrictamente jurídicos por medio de un escrito de reconsideración sobre la calificación como preguntas para respuesta oral en pleno de cuatro iniciativas que el grupo parlamentario socialista había presentado como interpelaciones.

La principal consecuencia del cambio es que la pregunta se agota con la contestación del Ejecutivo. La interpelación, en cambio, deja abierta al grupo interpelante la posibilidad de presentar una moción, que debe sustanciarse con inmediatez en el siguiente pleno, y de lograr, si obtiene apoyos suficientes, un pronunciamiento enjuiciador de la Cámara sobre el comportamiento del Ejecutivo en la materia en cuestión.

"No quisiéramos en esta nueva legislatura volver a reiterar las críticas vertidas por este grupo contra la Mesa del Parlamento por convertirse en el ejercicio de sus funciones en un órgano politizado que actúa a favor de los intereses del Gobierno, obstaculizando la función de control parlamentario y político que a toda oposición asiste", reza la advertencia firmada por el portavoz del grupo socialista, José Antonio Pastor. El PSE ha pedido también un informe a los servicios jurídicos del Parlamento.

La Mesa aceptó en su última reunión antes de las vacaciones corregir una de sus decisiones y devolver a la forma original en que fue presentada una de las iniciativas motivo de la reclamación. Dos de las interpelaciones concernían a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, a la que interrogaba sobre la creación de un Archivo General de Euskadi y sobre la Ley de Juventud. La otra, sobre las consultas externas en el hospital de Txagorritxu, en Vitoria, tenía por destinatario al titular de Sanidad, Gabriel Inclán.

Doctrina del Constitucional

El PSE recuerda en su escrito la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los órganos de gobierno de cámaras legislativas, a los que insta a que en la calificación de iniciativas apliquen "de modo restrictivo" cualquier norma que pueda suponer una limitación al derecho de participación política que los ciudadanos ejercen a través de los parlamentarios.

El órgano a través del que los ciudadanos ejercen su soberanía son las asambleas legislativas como tales, y no sus Mesas, que cumplen sólo una función jurídico-técnica para ordenar y racionalizar el funcionamiento de las cámaras, afirma el Constitucional. A la Mesa le compete sólo "verificar si la iniciativa cumple con los requisitos" reglamentarios. El PSE reconoce que se trata de una cuestión "espinosa", ya que el cumplimiento o no de las condiciones reglamentarias tiene aspectos que pueden ser opinables.El Reglamento de la Cámara vasca establece que las interpelaciones versarán "sobre los motivos y propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones referentes a determinados aspectos de su política". Si no, la Mesa puede tramitarlas como preguntas. Las interpelaciones serían sobre aspectos más generales y perseguirían el control de asuntos con trascendencia política evidente, mientras que la concreción caracterizaría a las preguntas.

Los socialistas apelan a la línea de conducta de la Mesa, compartida por sus servicios jurídicos, de respetar la intención del autor de una iniciativa, siempre que cumpla el Reglamento.