El PP asigna la Hacienda de Marbella al abogado de un concejal imputado

El abogado Salvador Guerrero, uno de los seis vocales que el PP ha nombrado para la gestora que desde hoy se hará cargo del Ayuntamiento de Marbella, defiende a uno de los concejales imputados en la presunta trama de corrupción en el Consistorio, José Jaén, que se encuentra en libertad bajo fianza. El PSOE apeló ayer a la responsabilidad del PP para que tome una decisión sobre el caso, pero la presidenta local de este partido, Ángeles Muñoz, consideró que no existe incompatibilidad y que "es un lujo" contar con Guerrero en la gestora, en la que será responsable de Hacienda.

Guerrero reconoció ayer que representa al concejal tránsfuga del PSOE y hasta hoy responsable de Cultura y Educación, José Jaén, imputado por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por lo que fue detenido el pasado 30 de marzo y puesto en libertad tres días más tarde tras pagar una fianza de 30.000 euros.

Guerrero también asumió inicialmente la defensa del secretario municipal, Leopoldo Barrantes, imputado también en la Operación Malaya por tráfico de influencias y prevaricación, que se encuentra en libertad sin fianza, aunque posteriormente éste ha cambiado de letrado.

Además, el abogado designado por el PP para hacerse cargo de la hacienda pública marbellí representó también en varios procedimientos al que fuera primer teniente de alcalde de Jesús Gil, Pedro Román, y es también defensor del ex coordinador municipal de Hacienda Antonio Calleja, imputado en el caso saqueo dos por el desvío de 41 millones de euros de las arcas municipales.

Guerrero no considera incompatible pertenecer a la gestora y representar a un concejal implicado en el caso de corrupción que ha motivado la disolución del Ayuntamiento de Marbella. "Sólo lo es si lo consideran otros", dijo, y anunció que en caso de tener que optar, decidiría abandonar la gestora.

Aunque la normativa para la elección de miembros de una comisión gestora solamente determina que no pueden ser elegidos los concejales miembros de la corporación disuelta, por analogía, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 establece que "son incompatibles con la condición de concejal los abogados que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales contra la corporación".

La secretaria provincial del PSOE en Málaga, Marisa Bustinduy, prefirió ayer guardar cautela sobre el asunto y apeló a la responsabilidad del PP para que sea este partido quien tome una decisión, aunque ni el propio Guerrero ni la presidenta local del partido consideran que exista incompatibilidad.

Quien hoy será proclamado presidente de la gestora, el abogado Diego Martín Reyes, defendió la honestidad de su colega de profesión Salvador Guerrero, pero reconoció que "resulta un tanto inexplicable o paradójica al menos la situación en la que se podría encontrar en algún supuesto".

Guerrero dirige un afamado bufete de Marbella en el que trabajan al menos 20 abogados, entre ellos el ex magistrado Antonio Ruiz Villén, que lleva los asuntos de Tomás Olivo, un empresario supuestamente beneficiado por decisiones de las corporaciones del GIL que ayer prestó declaración ante el juez instructor de la Operación Malaya.

La gestora que dirigirá el Ayuntamiento de Marbella hasta las elecciones de mayo de 2007 se constituirá formalmente hoy con la elección del presidente, el socialista Diego Martín Reyes, que finalmente se realizará sin consenso.

El PP ha decidido abstenerse porque Martín Reyes no es de Marbella y milita en el PSOE, aunque nunca ha ocupado cargo público ni orgánico. El presidente regional del PP, Javier Arenas, matizó ayer que no tiene "nada, nada, nada, absolutamente nada" contra Martín Reyes, a quien le deseó éxito.

La decisión de abstenerse la ha adoptado personalmente Javier Arenas, en contra de la posición inicial del presidente provincial del PP en Málaga, Joaquín Ramírez, que estaba dispuesto a apoyar a Martín Reyes. IU y PA, que sí lo apoyan, pidieron al PP que reconsidere la abstención.