El PSPV quiere que los informes del Consejo Audiovisual sean vinculantes

El PSPV presentó ayer su proposición de ley para la creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana. La propuesta otorga al organismo un amplio poder de supervisión y de sanción sobre el sector y lo reviste de cautelas para asegurar su independencia del poder político. Sus informes sobre la concesión de licencias serían vinculantes. El texto articulado fue remitido al PP para ser negociado.

El parlamentario socialista Andrés Perelló recordó que la creación del Consejo Audiovisual es un "mandato legal" recogido en el nuevo Estatut d'Autonomía y en la ley de regulación del sector aprobada por las Cortes Valencianas a principios de mes. Su función consistiría en asesorar al Consell, velar por el respeto de las emisiones a los principios democráticos, garantizar el pluralismo en el sector y fomentar la "neutralidad y honestidad" informativas, especialmente en los medios públicos.

La propuesta presentada por Perelló en la sede del grupo parlamentario socialista consta de 14 artículos y cuatro disposiciones adicionales. Su contenido está orientado en gran medida a asegurar la independencia del organismo. Los primeros borradores elaborados por el Consell preveían que el órgano estuviera compuesto por seis consejeros: tres elegidos por las Cortes y tres por el Gobierno valenciano a propuesta del sector. Su presidente era nombrado directamente por el Ejecutivo.

El PSPV propone, en cambio, un consejo compuesto por 11 miembros elegidos por las Cortes a petición, al menos, de dos grupos parlamentarios y respaldados por dos terceras partes de la Cámara. El presidente sería elegido por los consejeros entre sí mismos. El mandato de los consejeros duraría seis años. El órgano se renovaría parcialmente (un tercio) cada dos años y sus miembros no podrían repetir en el cargo.

Los consejeros, en el capítulo de incompatibilidades, no podrían ser diputados; miembros del Gobierno; cargos electivos o de designación política; pertenecer a direcciones de partidos, organizaciones sindicales ni empresariales. Tampoco podrían tener intereses, directos o indirectos, en empresas audiovisuales, de cine, vídeo, prensa, publicidad, informática o Internet. Ni ejercer "actividades profesionales de ningún tipo" a excepción de la docencia universitaria.

Los socialistas atribuyen al consejo amplias competencias en la regulación del sector. Le corresponde, en la propuesta, emitir informes previos y vinculantes sobre las condiciones establecidas por el Consell en el concurso de licencias. Y también sobre las propuestas presentadas a concurso. Asegurar la observancia de los principios constitucionales en las emisiones; velar por la pluralidad lingüística; adoptar "instrucciones vinculantes" dirigidas a los operadores -que pueden provenir de quejas de los usuarios-; incoar y resolver procedimientos sancionadores por infracciones de la legislación audiovisual o publicitaria y proceder a la ejecución forzosa de sus decisiones. "Esta facultad", prosigue el texto, "puede comportar la imposición de multas de hasta 1.000 euros diarios".

El organismo tendría competencia en el ámbito de comunicación gestionado directamente o en régimen de concesión por la Generalitat y sobre aquellos medios que efectúen emisiones específicas para el territorio valenciano.