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La reforma del Estatuto
Columna
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Incorporación imposible

El PP de Andalucía no puede decir sí a la proposición de ley de reforma del estatuto de autonomía de Andalucía. No es que no quiera. Es que no puede. La estrategia del PP a escala nacional lleva girando desde finales de septiembre de 2005 en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Todavía sigue girando en torno a ese eje. Mariano Rajoy ha decidido participar personalmente en la campaña del referéndum que está previsto en principio que se celebre el 18 de junio.

Mientras esa sea la posición del PP en España, es imposible que el PP pueda incorporarse al consenso en Andalucía. El PP no puede estar diciendo que con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña se rompe la unidad de España y nos deslizamos por la pendiente de la balcanización del país y simultáneamente puede decir sí a una reforma estatutaria como la andaluza que es sustancialmente igual que la catalana. Un partido no puede decir sí y no al mismo tiempo a una misma proposición. La regla lógica de la no contradicción puede ser orillada ocasionalmente en política de manera disimulada, pero lo que no puede hacerse es vulnerarla de manera clamorosa y sin dejar pasar algún tiempo entre una manifestación de voluntad y otra.

Quiere decirse, pues, que el PP no va a adoptar una posición definitiva respecto de la reforma estatutaria andaluza hasta que no se haya celebrado el referéndum de aprobación del Estatuto de Cataluña. La dirección nacional del PP, una vez que se celebre el referéndum, estudiará los resultados y a partir de ese momento decidirá qué estrategia respecto de la reforma de la estructura del Estado va a seguir a partir de ese momento. Entonces decidirá qué hace con la reforma andaluza.

Javier Arenas viene dando pistas desde hace tiempo de que va a ser así. En los últimos meses viene haciendo declaraciones en numerosas ocasiones, en las que siempre ha dicho que el PP votará afirmativamente la reforma del estatuto de Andalucía, pero haciendo referencia de manera implícita y a veces de manera expresa, aunque poco clara, a que dicha votación afirmativa se producirá, en todo caso, en el momento final de aprobación en referéndum del Estatuto.

En la primera fase de la reforma, la que se desarrolla en el interior del Parlamento de Andalucía, la incorporación del PP ha resultado imposible. Las primeras excusas fueron que había que esperar a la negociación del Gobierno con ETA o que no se podía participar en la subordinación que el presidente de la Junta de Andalucía estaba practicando respecto del presidente de la Generalitat y ahora es la incorporación de la fórmula Clavero al preámbulo del Estatuto. Mañana, antes del 18 de junio, será otra, la que sea.

Hasta que el PP no haya perdido toda esperanza de que puede hacer descarrilar la reforma del estatuto de Cataluña, no va a reorientar su política territorial. Una vez que el Estatuto de Cataluña esté publicado como ley orgánica en el BOE, ya veremos qué decide hacer el PP. Lo que ocurre es que, para entonces, la proposición ya habrá sido aprobada en el Parlamento de Andalucía, se habrá remitido a la Mesa de Congreso, se habrá ordenado su remisión a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y se habrá abierto el plazo para la presentación no de enmiendas, sino de "motivos de desacuerdo" por los diferentes grupos parlamentarios.

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La redacción de los "motivos de desacuerdo" del PP será la piedra de toque para saber si se produce alguna rectificación o no. Si la redacción de tales motivos es similar a la que ha hecho el PP respecto de la reforma de estatuto de Cataluña, entonces no habrá nada que hacer. Si, por el contrario, se redactan los motivos de desacuerdo de tal manera que a partir de los mismos se pueda entablar un proceso de negociación, podemos entrar en un escenario distinto.

En todo caso, el PP debe ser consciente de que ya va a tener que pagar un coste por su conducta durante estos meses. Confiemos en que tenga la sensatez de intentar reducir tal coste al mínimo posible.

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