En el furgón de cola

Habrá que tener la fe del carbonero para creer al Gobierno cuando pronostica que a partir de este año habrá un cambio de tendencia en los altos niveles de emisión de gases contaminantes que registra España. De momento, la fría estadística arroja una realidad más que preocupante. Nuestro país sigue suspendiendo ampliamente en los compromisos contraídos para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que en el caso español fijó (en el marco de la UE) un aumento del 15% en el periodo 2008-2012 sobre las emisiones de 1990. Junto con Canadá, España es la nación industrializada que más ha aumentado los niveles de contaminación y que más lejos se halla de satisfacer las metas acordadas en Kioto.

Es harto difícil pensar que en un plazo de tan pocos años se cumpla lo pactado, por mucha eficacia que tengan las recientes medidas tomadas por el actual Gobierno, que culpa al anterior de no haber actuado con más diligencia. Así parece cuando se valoran los últimos datos oficiales al respecto y los que recoge el informe que Comisiones Obreras y el instituto de estudios independiente World Watch elaboran anualmente con las metodologías y datos oficiales. Según este estudio, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en España un 3,39% en 2005 respecto al año anterior y se situaron en un 52,88% más que en 1990, el año de referencia marcado por Kioto. Las previsiones del informe para el periodo comprendido entre 2008 y 2012 sitúan el nivel en torno al 52,64%. Incumplir el objetivo del Protocolo de Kioto no le saldrá gratis al erario español. Según el informe, le podría costar unos 6.000 millones de euros en el periodo 2008-2012.

Los malos resultados fueron debidos en parte a los efectos de la pertinaz sequía, que causó un notable descenso de la producción hidroeléctrica y obligó a que se recurriera en mayor medida al carbón y al petróleo para garantizar el suministro eléctrico. Es probable que 2006 sea menos "sucio" que 2005 si aumenta la pluviosidad. Sin embargo, no bastan las lluvias. Son muchas las lagunas existentes en la política medioambiental española, que exige medidas de ahorro y eficiencia energética de gran calado, la apuesta decidida por la implantación de energías renovables y una estrategia para afrontar el cambio climático.

Habrá que confiar en que no se queden en simples parches los remiendos que se han empezado a hacer a través del plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases, centrado principalmente en los sectores eléctrico, cerámico, cementero y siderúrgico, el plan de energías renovables y el reciente código para la construcción de casas que consuman menos energía.