la Junta y San Fernando discrepan sobre la legalidad de más de 600 viviendas

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha instado al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz, 92.666), gobernado por el Partido Andalucista, a paralizar las actuaciones urbanísticas e inmobiliarias en una zona conocida como La Casería Norte, donde se construyen 348 viviendas y 270 casas unifamiliares. Para la Junta de Andalucía, el plan parcial aprobado por el consistorio isleño en 2003 para desarrollar estos terrenos "no se ajusta a derecho" y permite "irregularidades urbanísticas". El gobierno local, del PA, discrepó de esta acusación, anunció que continuará con este proyecto y sostuvo que bajo la advertencia del Gobierno andaluz de acudir a los tribunales contra estas viviendas subyace "una campaña de persecución política" del PSOE contra el PA.

En La Casería Norte se construyen desde hace un año siete torres, de 16 plantas de altura, con un total de 348 viviendas y otras 270 casas unifamiliares. Las estructuras de algunos de estos bloques están muy avanzadas y superan ya entre siete y ocho plantas. Este proyecto, que fue aprobado por el consistorio isleño -con el entonces alcalde Antonio Moreno. Ahora es Manuel María de Bernardo, también del PA-, cuenta con dos informes desfavorables de la Consejería de Medio Ambiente y de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

"Este diseño es contrario al ordenamiento jurídico por el apantallamiento que causarán los bloques con vistas a la Bahía de Cádiz", sostuvo ayer Pablo Lorenzo, delegado de Obras Públicas y Transportes en Cádiz, quien exigió al consistorio isleño que "remedie" esta actuación como "responsable único" de haber concedido licencias de obras "ilegales". "Si no paralizan estas construcciones nos veremos obligados a acudir a los tribunales", afirmó. Asimismo, justificó que la Junta no actuó antes en que "ahora" han detectado estas construcciones. "No hemos acudido a los tribunales pero el plan parcial está anulado de base porque no estaba de acuerdo con las determinaciones de la Comisión Provincial de Urbanismo", dijo.

Estas explicaciones no convencieron al Ayuntamiento de San Fernando. El portavoz del gobierno local, Francisco Romero, negó que el plan esté anulado porque, según aseguró, cuenta con informes favorables de los Ministerios de Defensa, Medio Ambiente y de la Consejería de Medio Ambiente. Al mismo tiempo, dijo no entender porque la Junta no actuó judicialmente hace tres años y ahora pide que se paren las obras. "Retamos a la Junta a que nos lleven a los tribunales porque sabemos que es legal. En su momento no lo hicieron porque sabían que no iba a prosperar ningún tipo de acción judicial porque contamos con todos loa parabienes de las administraciones implicadas", dijo Romero, quien solicitó la dimisión del delegado de Obras Públicas "por haber creado una alarma social e invadir competencias municipales".