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El fiscal del 'caso Sanlúcar' lamenta la ausencia de empresarios en el banquillo

La Fiscalía asegura que "no se ha podido poner nombre al dinero"

La sección cuarta de la Audiencia de Cádiz acogió ayer la primera sesión del juicio por el conocido como caso Sanlúcar, que juzga el intento de soborno al ya ex concejal del PP Manuel Ramírez en octubre de 1999 para evitar una moción de censura contra el PSOE. En el banquillo se sientan dos ex alcaldes socialistas, un cargo local del PSOE sanluqueño, el propio Ramírez, el dueño de una tienda de cocinas y los dos propietarios de una constructora. El fiscal, Ignacio Morales, lamentó la ausencia entre los acusados de los empresarios que pagaron gran parte del soborno. "No hemos podido poner nombre al dinero", reconoció.

El escándalo del caso Sanlúcar saltó cuando el Partido Popular denunció públicamente, un día después de hacerlo en el juzgado de guardia, una trama auspiciada por cargos socialistas para intentar comprar a su concejal en la citada localidad gaditana. Se llegaron a pagar 300.000 euros y a ofrecer un contrato de trabajo en el Ayuntamiento de Chipiona a cambio de ausentarse en el pleno de la moción de censura, promovida por PP y PA, que finalmente apartó de la alcaldía al socialista Agustín Cuevas.

Según la versión del PP y el propio Manuel Ramírez, que coincide con la del Ministerio fiscal, fue el secretario de organización del PSOE sanluqueño, Rafael García Raposo, quien primero ofreció al concejal del PP la compra de su voto. Ramírez habría aceptado, según esta versión, sólo para reunir pruebas con las que poder denunciar los hechos posteriormente como finalmente hizo. Contrasta con lo que mantiene el PSOE, también personado en el caso, que asegura que fue Ramírez el que se ofreció a ser sobornado, algo que aceptaron el alcalde y García Raposo. Este último, también personado como acusación particular, añade otra versión: que fue Ramírez quien primero le tanteó y que le siguió el juego.

Lo cierto es que Manuel Ramírez entregó en el juzgado de guardia de Cádiz: 77.500 euros (12'9 millones de pesetas), un cheque bancario de 30.000 euros, letras de cambio por valor de 174.000 euros (29 millones de pesetas), un contrato de trabajo en blanco firmado por el alcalde de Chipiona, el entonces socialista Luis Mario Aparcero, y dos billetes de avión a Lisboa para el día previsto del pleno de la moción de censura.

El fiscal y varios abogados defensores pusieron de relevancia las lagunas todavía existentes sobre la procedencia del dinero reunido. En el banquillo se sientan tres empresarios: Fernando Moreno Rodríguez, el propietario de Lumi Cocinas, donde se organizaron algunas de la reuniones, y Manuel Rodríguez Gálvez y Fernando Moreno Ollero, de la constructora Zafiro, quienes entregaron a García Raposo el cheque de 30.000 euros, según el fiscal, sabedores del destino del dinero aunque, según su versión, pensaban que se trataba de un préstamo para comprar una casa.

En su primera intervención ante el jurado popular, el fiscal habló de las ausencias en el banquillo. "Sabemos que hay empresarios inmobiliarios que pudieron aportar cantidades pero no les hemos podido poner nombres y apellidos. El problema del dinero es que no tiene nombre". Los abogados defensores de Agustín Cuevas y Rafael García Raposo consiguieron ayer ampliar la lista de testigos al admitir el juez Rafael del Río la comparecencia del empresario Rafael Ávila. Según sus clientes, fue él quien puso los 77.500 euros. Ávila llegó a estar acusado en este caso pero durante el proceso quedó libre de cargos. Finalmente tendrá que declarar el próximo día 26 de abril, junto al ex concejal socialista José Luis Cuevas y dos vecinos de Chipiona reclamados por el letrado de Luis Mario Aparcero.

Los siete acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los tres años y nueve meses hasta los ocho meses por varios delitos de cohecho y tráfico de influencias. La sesión vespertina se centró ayer en dos figuras: la del fiscal, quien fue destacado por los letrados del PP y Manuel Ramírez, cuyas versiones coinciden con la del Ministerio Público, como adalid de la imparcialidad, algo que el resto de abogados trató de matizar ante el jurado popular; y la del propio Ramírez, presentado por su letrado como un hombre "divertido, entrañable, humilde, criado en el campo, aspirante a torero, sin estudios pero con gran conocimiento del mundo". El abogado de García Raposo anunció que se encargaría de demostrar la falsedad de esa supuesta humildad. "Verán ustedes que sí sacó partido de toda esta operación".

La sesión continúa hoy a las 10.00 con los testimonios de los acusados. El primero en declarar, según fuentes del caso, será Rafael García Raposo.

Un caso tangible

Sobre el caso Sanlúcar se llegó a escribir que había sido el soborno más documentado de la historia española. El fiscal Ignacio Morales abrió ayer su intervención ante el recién constituido jurado popular con una esclarecedora explicación. "Este caso lo van a poder tocar". Porque por sus manos pasarán las diez letras de cambio con 174.000 euros, el cheque bancario con 30.000 euros, el contrato de trabajo firmado y hasta los billetes de avión a Lisboa, que se le entregaron a Manuel Ramírez a cambio de su ausencia en el pleno de la moción de censura.

Lo que no tocarán serán los 77.500 euros en billetes que recibió directamente en una bolsa de plástico, aunque sí con los recibos de ingreso sellados en el juzgado donde el entonces concejal del PP denunció los hechos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de abril de 2006

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