La Fiscalía aplicará la tolerancia cero en los delitos contra la seguridad del trabajo

Cuatro folios recogen la esencia de un compromiso por la tolerancia cero a los delitos en materia de seguridad e higiene en el trabajo que esta semana suscribirán la Fiscalía de Valencia y los sindicatos mayoritarios. El fiscal Ricard Cabedo y los secretarios generales de UGT, Rafael Recuenco, y de CC OO, Joan Sifre, estamparán su firma para que se persigan los fraudes que explican las elevadas tasas de accidentalidad mortal que registra la Comunidad Valenciana. En 2005, fueron 102 los operarios que perdieron la vida en su lugar de trabajo. Otros 27, mientras iban o venían de sus empresas.

Una comisión propondrá medidas a la Administración contra la siniestralidad

Ricard Cabedo y el fiscal coordinador del área de riesgos laborales en la Fiscalía de Valencia, Jaime Gil, han expresado en distintas ocasiones su preocupación por unos índices de accidentalidad laboral en la Comunidad Valenciana que han calificado de inaceptables. "El puesto de lugar de trabajo no puede costar la vida", ha repetido en distintas ocasiones Cabedo. El compromiso por impulsar actuaciones rápidas ante las posibles irregularidades que amparen o favorezcan la inseguridad de los trabajadores ha hecho que la Fiscalía General del Estado nombrara un fiscal de Sala coordinador en esta materia para el Tribunal Supremo. Y entre tanto, la Fiscalía ha mantenido distintas reuniones de trabajo con representantes de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, quienes ya han demostrado como una de sus prioridades la lucha contra la impunidad en el incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene que la ley marca y que un número muy importante de empresas incumple, especialmente en el sector de la construcción.

El punto primero del convenio que suscribirán Fiscalía y sindicatos ya deja claro el escenario al que deben enfrentarse: "Es una realidad la subsistencia de índices de siniestralidad laboral indeseados, que reclaman actuaciones tan profundas como ágiles". El ministerio público reconoce ese como un objetivo que le es propio, y a los sindicatos, en este caso los dos mayoritarios, como a los mejores aliados para luchar contra ello. La Fiscalía pretende actuar con "criterios de firmeza y agilidad en aras de una verdadera situación de tolerancia cero frente a los delitos de Seguridad y Salud en el Trabajo".

La Fiscalía ha querido estrechar la colaboración con los sindicatos mayoritarios para "tener una fuente de conocimiento de la realidad laboral, especialmente de posibles situaciones de incumplimiento grave de las normas de seguridad y salud laboral". Consta en el convenio, la voluntad de las partes de "establecer las acciones conjuntas para sensibilizar a los empleadores y a la Administración de la aplicación en los puestos de trabajo de todas las medidas de prevención de riesgos para paliar la lacra de los accidentes laborales y enfermedades profesionales".

Los sindicatos, que son los que están y conocen de cerca y sobre el terreno la realidad de las prácticas de seguridad laboral, son ejes fundamentales en este acuerdo. El convenio es una toma de decisión que se traduce en la intervención en todas aquellas situaciones en las que se produzca "manifiesta dejación en la aplicación de la ley en los centros de trabajo, bien públicos o privados, y se observen riesgos graves para la vida, salud o integridad de las personas". Esas conductas se pondrán en conocimiento de la Fiscalía, con independencia de que se haya producido ya un accidente, y ésta iniciará inmediatamente las acciones legales que le son propias: diligencias de investigación que puedan acabar en la persecución penal de los responsables.

Fiscalía y sindicatos van, a partir de este convenio, a intercambiar información sobre la situación que todos insisten en señalar como especialmente preocupante en el sector de la construcción. La Fiscalía facilitará a los sindicatos periódicamente la relación de las diligencias que abra, los posibles delitos que presuntamente se hayan cometido por la falta de prevención de riesgos laborales. Los sindicatos, por su parte, informarán y favorecerán el acceso a la información que sea menester para el esclarecimiento de los hechos y su calificación jurídica.

El primer escenario de intercambio periódico de información se hará a través de una comisión paritaria de seguimiento que se constituirá inmediatamente después de la firma del convenio. En ese marco se establecerá un programa de actuación conjunta directamente relacionado con la situación actual; se facilitará el acceso a cualquier decisión jurídica que pueda ser trasladada o implementada en casos que ocupen a los firmantes del convenio; se propondrán a la Administración y a los empleadores medidas para erradicar la siniestralidad laboral, entre ellas habrá una importante pedagogía sobre las sanciones así como formación sobre las ventajas de las mismas; se impulsarán foros para trasladar los trabajos que al amparo del convenio se realicen. La comisión se reunirá dos veces al año con carácter ordinario. El convenio tiene vigencia, inicialmente, de un año.