El nuevo Estatuto andaluz, a tres pasos de llegar al Congreso sin visos de apoyo unánime

La reforma del Estatuto de Autonomía está a tres pasos de llegar al Congreso de los Diputados. El primero se dará hoy, cuando la ponencia elabore el dictamen de la proposición; el segundo, el jueves, cuando le dé su visto bueno la Comisión de Desarrollo Estatutario; y el tercero, el día 2 de mayo cuando lo apruebe definitivamente el pleno del Parlamento andaluz. En este sprint final no se espera una llegada en grupo de los cuatro partidos. Lo seguro es que la reforma tendrá el apoyo de la izquierda y sumará los tres quintos obligatorios del Parlamento; lo probable, es que no estén ni PP ni PA.

La ponencia legislativa celebrará hoy lunes la última de sus siete reuniones, sin trazos de lograr un acuerdo unánime entre los cuatro grupos parlamentarios, a tenor de lo dicho por el PP (37 diputados) y el Partido Andalucista (cinco). Ambas formaciones han lanzado señales inequívocas de que no van a apoyar el texto de la reforma y la principal duda es si optarán por el no o por la abstención en la aprobación final en el pleno, como ya hicieran en el debate de la toma en consideración de la iniciativa, el pasado 16 de febrero.

Haya o no acuerdo, al calendario de la tramitación andaluza de la reforma le quedan tres fechas en rojo: hoy lunes día 17, el jueves 20 y el martes 2 de mayo. El día 5 la presidenta del Parlamento, Mar Moreno, hará entrega del proyecto al presidente del Congreso, Manuel Marín.

La coincidencia estratégica de las posiciones de PP y PA -ya sea casual o deliberada- parte de polos opuestos. La principal crítica que el grupo popular ha hecho en sus enmiendas a la proposición es que, a su juicio, el texto rebasa la Constitución en competencias, poder judicial, financiación, derechos sociales y relaciones con el Estado y la Unión Europea. Este argumento no es compartido por el resto de los grupos y, lo más relevante, tampoco por el Consejo Consultivo de Andalucía, el órgano jurídico asesor del Gobierno, que ha dictaminado que el texto "se ajusta en términos generales al bloque de la constitucionalidad".

Aquellos artículos en los que los juristas apreciaron "posibles colisiones" con la Constitución -como el derecho a la muerte digna- han sido corregidos a través de las enmiendas del PSOE en el trámite de ponencia.

La invisibilidad del PA

El rechazo del PA al texto no es por exceso, sino por defecto. Según los andalucistas, la propuesta de reforma tan sólo plantea una "descentralización administrativa" y no alcanza las cotas de la catalana aprobada por el pleno del Congreso. Lo paradójico del PA es que muchas de sus enmiendas a financiación y competencias -que constituyen el núcleo duro del autogobierno- son idénticas a las aprobadas por PSOE e IU en la ponencia, pero aún así las mantienen. De este modo, los andalucistas se han enclaustrado en la invisibilidad y su imagen sólo es palmaria cuando repiten que la definición de Andalucía como nación -la cual rechaza el 96% de los andaluces- es "innegociable".

La proposición de ley de reforma va a salir por el trabajo de PSOE (61 diputados) e Izquierda Unida (seis), cuyos votos garantizan los tres quintos necesarios (65) para que el texto llegue a las Cortes. Ambos grupos podrían ser acusados de plagio del texto catalán. Una vez que la Comisión Constitucional del Congreso dio el visto bueno al texto que llegó de Barcelona -tras sufrir un "cepillado" de carpintero, según el diputado socialista y presidente de dicha comisión, Alfonso Guerra-, los socialistas andaluces tuvieron claro que todo aquello que tenía luz verde de las Cortes y les interesaba debían incluirlo en el texto andaluz.

En este sentido, la iniciativa ha incorporado el blindaje de las competencias (igual al artículo 111 de la reforma catalana) para evitar la invasión de competencias autonómicas a través de disposiciones legales de rango inferior a las leyes básicas; crea una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma como órgano bilateral para la financiación; prevé una Comisión Bilateral Junta-Estado como órgano "permanente" de relación; se considera "determinante" la opinión de la comunidad en la formación de la posición estatal ante la UE si afecta a sus competencias exclusivas; incorpora la competencia ejecutiva para conceder los permisos de trabajo de los inmigrantes; y detalla de manera exhaustiva las atribuciones del futuro Consejo de Justicia de Andalucía.

En la redacción de los aspectos sociales -los más queridos por socialistas e Izquierda Unida- ambos grupos acordaron incluir la posibilidad de recurrir a la jurisdicción ordinaria la reclamación de los derechos que se invocan en el nuevo Estatuto; el reconocimiento de la modalidad lingüística andaluza; la regulación por ley de una carta de derechos de los ciudadanos en su relación con el servicio público de la Administración de Justicia; la previsión de la exclusión social como objetivo básico de la comunidad; la gratuidad de los servicios para los más desfavorecidos económicamente; y la ampliación del criterio de la paridad no sólo al Gobierno, Parlamento autonómico y cargos de la Junta, sino también en los nombramientos de los órganos colegiados o consultivos de la Administración autonómica.