Vecinos y ecologistas piden al Gobierno que evite otro puerto en Alicante

Los tribunales avalaron la construcción de un puerto deportivo en Alicante, y el proyecto de Puertoamor, en L'Albufereta, resucita tras una batalla jurídica de 25 años. Vecinos, los partidos en la oposición al PP y los grupos ecologistas se oponen a la iniciativa por su impacto medioambiental. Piden al Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante que alcancen un acuerdo y negocien el rescate de la concesión de este puerto de más de 700 amarres.

La mercantil que tiene los derechos pide 42 millones de euros para abandonar el plan

La batalla jurídica en los tribunales comenzó hace unos 25 años, tras la decisión del Consejo de Ministros de conceder al promotor Juan Ignacio Otamendi la licencia para la construcción y explotación de un nuevo puerto deportivo en L'Albufereta de Alicante. El Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno recurrieron ante los tribunales esta iniciativa, aunque los jueces -el Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia valenciano- respaldaron al promotor. Agotadas las vías judiciales, y con los permisos para poder iniciar las obras, la promotora ultima un proyecto que ha provocado el rechazo de los vecinos, de la oposición al PP y de los grupos ecologistas.

Antonio Soler, presidente de la Asociación de Vecinos Playa Blanca de L'Albufereta, explicó ayer en rueda de prensa que este puerto deportivo sería "nocivo para la playa", y que los vecinos reunidos en asamblea "unánimemente" rechazaron la iniciativa. "Setecientos nuevos amarres cambiarán las corrientes marinas, y convertirán algunas de las calas actuales en cloacas", aventuró el portavoz vecinal.

La Colla Ecologista d'Alacant y Ecologistas en Acción explicaron en un comunicado que la construcción de este puerto tendría serias consecuencias medioambientales porque afectaría a una especie de molusco protegido por la Unión Europea y a las praderas de Posidonia oceánica. Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, recordó que además de los 700 amarres el proyecto "contempla cierta edificabilidad, por lo que se trata de una aberración urbanística de primera índole". En la misma línea se manifestó el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel de Barros, que tildó de "inviable" este proyecto debido a sus consecuencias medioambientales y que supone un "serio peligro tanto para L'Albufereta como para el Postiguet".

Vecinos, ecologistas y oposición plantean la misma solución: negociar con los promotores el rescate de su concesión y paralizar la iniciativa. El Ministerio de Medio Ambiente, según De Barros, ha propuesto a la Generalitat abonar este rescate para disponer de la concesión que se concedió a la mercantil, y en esa zona construir un dique y ampliar en 2,5 kilómetros de longitud la playa actual. "Ahora el alcalde debe pronunciarse, y plantear una negociación a tres bandas para evitar que se construya", dijo el portavoz socialista. El alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, instó a las administraciones central y autonómica a "ponerse de acuerdo en el importe a pagar por el rescate de la concesión de Puertoamor", ya que estarían "encantados con que la playa de L'Albufereta se prolongue en dos kilómetros y medio", dijo el alcalde en referencia a la propuesta del ministerio. La negociación, no obstante, se presenta complicada, ya que de entrada la mercantil que tiene los permisos para la ejecución del proyecto pide 42 millones de euros como rescate, que tendrían que desembolsar las administraciones implicadas. La Colla Ecologista d'Alacant recuerda que la Generalitat está "dilapidando dinero público en proyectos de dudosa viabilidad, como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz, pero no contempla solucionar este problema pagando la indemnización correspondiente". La construcción de un puerto deportivo en esta zona "degradaría completamente la bahía al reducir el aporte de arena e incrementar la contaminación de la playa", según Arribas.

La concesión administrativa para hacer esta obra está en manos de Puerto Deportivo de Alicante, integrada por mercantiles del promotor Otamendi, que ostenta en propiedad el 50% de la explotación, junto a los empresarios Antonio Fernández Valenzuela, Juan Ignacio Sánchez, Fernando Andrés y Juan Vázquez, que forman la sociedad Gestión de Puertos Deportivos.