Decisión judicial controvertida

La decisión judicial de dejar en libertad a Abraham Fernández, de 22 años, detenido en 14 ocasiones por agresiones xenófobas, y a Carlos. H. M., de 24, ambos neonazis, ha suscitado indignación en Castellar del Vallès y sorpresa en determinados sectores de la judicatura y la abogacía.

A los dos se les imputan sendos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad. Presuntamente, el sábado por la noche dieron una brutal paliza a Fernando U., un portugués de origen guineano de 42 años que está ingresado en el hospital Parc Taulí de Sabadell. La víctima ha tenido que pasar por el quirófano porque le fracturaron la zona orbital del ojo izquierdo. Los puntapiés de los agresores fueron tan salvajes que lo dejaron inconsciente. El titular del Juzgado número 3 de Sabadell decidió que no era necesaria la prisión provisional para los neonazis porque ninguno de ellos tiene antecedentes penales y no hay riesgo de fuga. La reacción del Ayuntamiento de Castellar fue el anuncio de un recurso para pedir la prisión provisional y porque la libertad de Abraham provoca "alarma social".

Sorprende que Abraham, viejo conocido de la policía por su afición a golpear y armar trifulcas, nunca haya pisado una prisión pese a sus 14 antecedentes policiales, que hasta ahora tan sólo le han comportado visitas a los juzgados.

El letrado Lluís Batlló, presidente de la sección penal del Colegio de Abogados de Barcelona, opina que la decisión del juez es "controvertida". Los antecedentes penales son motivo para decretar la prisión provisional, pero hay otros, como "la alarma social", señala. "Ha sido muy purista [el juez] con la presunción de inocencia. Los antecedentes policiales no computan como los penales, pero sí pueden informar al juez de la peligrosidad del detenido", añade.

Si Abraham ha sido arrestado 14 veces y no tiene antecedentes penales, es que "algo falla", opina Batlló. Según el letrado, el problema es que este tipo de agresiones racistas se realizan "en grupo y al final sólo acaban imputados uno o dos, y los otros se salvan por falta de testimonios o de pruebas". En este tipo de delitos se puede aplicar la agravante de racismo, lo que eleva la pena al máximo. En opinión de Batlló, "es muy complicado demostrar que el motivo de la agresión ha sido racista si no lo reconoce el agresor, algo difícil porque son conscientes de que con la agravante pueden ir a prisión".

Igual que Batlló, Gregorio María Callejo, magistrado de la Audiencia de Barcelona y coordinador de Jueces para la Democracia, precisa que los antecedentes penales no son el único motivo para decretar el ingreso en prisión. Al de alarma social, hay que añadir otros, como "la reiteración" de los delitos y la peligrosidad de la persona. El hecho que "estos individuos se diviertan dando palizas de forma reiterada" justificaría, en opinión de Callejo, la prisión provisional. Según el magistrado, "hay falta de sensibilidad en el cuerpo judicial" hacia este tipo de agresiones. "El otro problema", añade, es que se debería "investigar a fondo este tipo de organizaciones y quién las financia, porque es sorprendente lo bien que están conectadas las unas con las otras". Este tipo de agresiones contra todo aquel que es distinto por color, raza u orientación sexual, o simplemente opina de diferente manera, se producen con "demasiada frecuencia". Y concluye: "Hay excesiva impunidad".