El 'capo' recluso o cómo dirigir una mafia por el móvil

La policía española batió el 14 de marzo sus propios registros al desarticular una banda rumana que contaba con 283 efectivos repartidos en ocho provincias. Fue un buen golpe con números superlativos porque hizo necesario utilizar los recursos de 10 comisarías regionales y seis departamentos policiales para investigar a un total de 1.200 individuos. Lo más paradójico del asunto fue que el jefe en España de esa enorme banda dirigía los asuntos desde la cárcel de Valdemoro y que cuatro de sus ocho lugartenientes también actuaban desde prisiones españolas.

La investigación comenzó en el mes de septiembre de 2005 cuando desde la Embajada rumana en Madrid se avisó a la policía española de la existencia de un grupo que pensaba atracar un camión cargado de droga en una autopista. La información no era muy explícita porque, salvo un par de nombres, no se ofrecían detalles de cómo, cuándo y dónde tendría lugar dicho asalto. Los primeros pasos de la policía dieron como resultado la comprobación de la existencia de un grupo delictivo formado por ciudadanos rumanos. Ese hecho no era precisamente una novedad.

Cuatro de los ocho lugartenientes del jefe de la trama también estaban en la cárcel

El cabecilla ocultaba en una lata de berenjenas el teléfono; un subalterno, en la pata de la cama

Y no lo era porque las estadísticas policiales habían dado la alarma hace algún tiempo respecto de la numerosa irrupción de bandas rumanas en territorio español. Los jefes policiales tenían sobre su mesa un dato: los rumanos sumaban el mayor número de detenciones en acciones de crimen organizado, por encima incluso de colombianos y marroquíes. En el año 2004 se había detenido a 264 ciudadanos rumanos por pertenencia a grupos organizados. En 2005 la cifra había subido hasta los 333 detenidos. En el análisis criminal estaba muy claro que estos grupos eran muy prolíficos y que, a diferencia de otro tipo de mafias, los rumanos operaban en muchos ámbitos de la delincuencia y se movían por todo el territorio nacional. "Nos estaban golpeando duramente y existía una gran preocupación en los mandos policiales", reconoce un comisario.

Los rumanos tenían características muy peculiares respecto de otros tipos de bandas: han tomado cada vez más posiciones en las redes de prostitución, son muy nocivos en todos los asuntos de falsificación de documentos y clonación de tarjetas de crédito, están presentes en numerosos robos con fuerza y tienen una presencia muy activa en pequeños delitos relacionados con la mendicidad y el hurto callejero. Se sabe además que todas estas acciones las puede ejecutar un solo grupo.

Por esa razón, la investigación sobre aquella denuncia de la Embajada rumana no ofreció ningún resultado sorprendente en primera instancia. La policía estaba ante un grupo rumano de parecidas circunstancias a otros ya investigados. Sin embargo, un detalle resultó fundamental: tres de los teléfonos intervenidos comenzaron a dar muy buenos resultados. Hubo una sorpresa más: esos tres teléfonos estaban siendo utilizados desde el interior de cárceles españolas. Eran tres hombres importantes en la organización puesto que de sus conversaciones emanaban órdenes e instrucciones. Uno de ellos, además, era el jefe.

Era una ventaja saber que Iorgu Ionescu, el jefe de toda esa gente en España, estaba en la cárcel. Allí se comunicaba con el exterior a través de un teléfono móvil perfectamente oculto en una lata de berenjenas en apariencia herméticamente cerrada. Uno de sus lugartenientes, también preso, lo ocultaba dentro de la pata de la cama.

De las conversaciones de Ionescu se desprendía que tenía su horario de trabajo para la organización, entre cinco y siete de la mañana, cuando nadie pudiera molestarle en su celda. Desde allí daba todo tipo de instrucciones, entre ellas órdenes de transferencias económicas a Rumanía. La organización rendía cuentas a un hombre situado fuera de España, uno de los delincuentes más buscados en Rumanía y en otros países europeos, un personaje que todavía sigue en paradero desconocido.

Algunos detalles revelaban la curiosa ramificación de este tipo de bandas. "Como quiera que tienen mucha movilidad, nos encontrábamos con sucesos tales como que si uno de los componentes de la banda, que residía en Madrid, sospechaba algo, cambiaba inmediatamente de teléfono móvil. Eso era normal, pero es que, casi de inmediato, ¡nos cambiaban un montón de móviles en Valencia!". La banda tenía conexiones en otros países europeos, de donde extraía información para la falsificación de tarjetas. Así, la organización trabajaba en España con tarjetas clonadas de Italia, Francia y Alemania, lo que retrasaba en varios meses el tiempo para detectar estas falsificaciones.

La investigación permitió verificar una característica muy singular en este tipo de organizaciones, como es la utilización de menores y su formación como futuros delincuentes. Es una actividad perfectamente organizada. Se puede hablar de una escuela para delinquir, de un aprendizaje bien programado. Primero en la mendicidad y luego en el robo callejero. Los chavales pierden rápidamente el miedo a cometer delitos y sus tutores se aprovechan de las leyes españolas en materia de menores para garantizarles cierta impunidad: no pueden ser detenidos y deben ser enviados a un centro de menores, de donde escapan casi de inmediato. Esos chavales, una vez adultos, hablan perfectamente el castellano y tienen una experiencia delictiva notable. "Podemos hablar de que en España están formando delincuentes de forma importante", señaló uno de los investigadores.

A la vista de todos los datos, los responsables de la investigación dieron orden de darle toda la profundidad posible y no precipitar las detenciones. Se decidió entonces dar un golpe en toda regla y tratar de avanzar mucho más lejos que en ocasiones anteriores. Para ello se tomó otra decisión novedosa: contar con la colaboración de la policía rumana.

El tamaño que adquirió la investigación exigió la celebración, el 25 de enero pasado, de una reunión operativa donde se sentaron representantes de 16 departamentos implicados, entre ellos oficiales y el propio director general de la policía rumana. El golpe final se dio en marzo. Para evitar fugas se hizo teniendo en cuenta la diferencia horaria entre ambos países. El golpe fue doble, en España y en Rumanía.