El fiscal pide que declare como imputado el edil del PP Juan Roselló por el 'caso Aguas de Calp'

La fiscalía ha recurrido el auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, que investiga la subcontratación de las obras de renovación de la red de agua de Calp, al considerar que existen indicios de posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El fiscal solicita que declaren como imputados los consejeros delegados de Aguas de Calp Juan Roselló, edil del Partido Popular en esta localidad, y Francisco Zorrilla, como responsables de la subcontratación de las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua a la sociedad Obras Hidráulicas de Levante (OHL), según fuentes del caso.

El ministerio fiscal no ve clara la adjudicación sin mediar concurso público de las obras de renovación de la red de agua potable de Calp. El Ayuntamiento, que el PP gobierna por mayoría, adjudicó el proyecto a la sociedad concesionaria del servicio, Aguas de Calp, en 2004. Dos meses después esta empresa mixta subcontrató los trabajos con Obras Hidráulicas de Levante (OHL), sociedad sin experiencia en el ramo y que hasta unas semanas antes de hacerse con la obra se dedicaba al reparto de publicidad bajo el nombre de Buzoneo IRD, SL. Esta empresa, con un solo empleado, un capital social de 3.000 euros, y domicilio social en un local cerrado, varió su denominación social un mes después del contrato de subcontratación. Pero la cadena no paró ahí. OHL traspasó a su vez la mejora de la red de agua a otra empresa, Montubo Obra Civil, SL, creada en marzo de 2004 y también sin experiencia en obras hidráulicas.

Por todos estos hechos, la Fiscalía ha pedido que el caso no se sobresea y se practiquen nuevas diligencias. El fiscal ha solicitado al juzgado que declaren en calidad de imputados los consejeros delegados de Aguas de Calp, Juan Roselló, concejal del PP en la localidad, y Francisco Zorrilla, que fueron quienes rubricaron la subcontratación de las obras con OHL, para que expliquen qué criterios siguieron para subcontratar las obras a una empresa sin experiencia previa.

También pide la declaración, de nuevo como imputados, de Jesús Lara y Salvador Ibarra, responsables de las dos sociedades subcontratadas, para que aclaren si tienen alguna relación con los concejales del Ayuntamiento de Calp o con la sociedad concesionaria del servicio, y que declaren como testigos todos los consejeros de Aguas de Calp, así como Francisco Artacho, vinculado familiarmente a Roselló, con el fin de que explique si autorizó talones de OHL a la empresa Montubo.

El fiscal reclama, por último, que se aporten a la causa la documentación o contratos que permitieron la cesión de las obras a OHL y luego a Montubo, y el estudio realizado por dos especialistas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), donde se afirma que las obras de mejora de la red de agua potable de este municipio de la Marina Baixa deberían de haber costado 1,7 millones de euros, en lugar de los 3,5 millones en que se han presupuestado. Según el estudio de estos técnicos, el sobrecoste de la obra ascendería al 100%.

Con este argumento bajo el brazo, la Unión de Consumidores de Alicante (UCE) acaba de presentar una querella contra Juan Roselló y varios empresarios supuestamente implicados en el caso. La organización de consumidores rechaza que este sobrecoste tenga que ser sufragado por los vecinos de Calp, que verán cargados sus recibos del agua con una subida de la tarifa de 0,12 euros por consumo del metro cúbico y 4,52 euros por contador y trimestre, si la Comisión de Precios de la Consejería de Empresa, que dirige Justo Nieto, lo autoriza.

El juzgado de Dénia abrió la investigación sobre la adjudicación de las obras a instancias de una comisión de investigación formada por los partidos de la oposición en el Consistorio calpino (PSPV, PSI y el Bloc), de la que el PP, que gobierna Calp con mayoría absoluta, se autoexcluyó. Esta comisión entregó en julio de 2005 un informe de conclusiones a la Fiscalía. La comisión apreció entonces "indicios de delito" y acusó a los populares de responsabilidad política al respaldar con sus votos la contratación de las obras.