El Constitucional deja en suspenso los planes de Aguirre para la M-50 y la R-1

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un conflicto instado por el Gobierno central contra la Comunidad de Madrid sobre la convocatoria de concursos para adjudicar contratos de consultoría y asistencia para la construcción del cierre norte de la M-50 y de dos tramos de la autopista de peaje R-1. La admisión a trámite del conflicto implica la "suspensión inmediata" durante cinco meses de las disposiciones tomadas por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, pero si el Constitucional no dicta sentencia dentro de este plazo, deberá decidir si mantiene la suspensión por cinco meses más o la levanta.

La construcción de la Radial 1 y el cierre de la M-50 han sido objeto de enfrentamiento en los últimos meses entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, no han logrado ponerse de acuerdo en este asunto, a pesar de que lo han puesto en la mesa de negociaciones cada vez que se han reunido. Aguirre ha intentado siempre asumir estas obras, pero la socialista Álvarez le ha recordado que no tiene competencias para ello.

Cuando el Gobierno central considera que una disposición de una comunidad autónoma no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, los estatutos de autonomía o las leyes orgánicas, puede acudir al Constitucional y formalizar directamente un conflicto de competencia. Si además invoca, como ha hecho en este caso, la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, "la impugnación producirá la suspensión de la resolución recurrida", según expone el precepto, y el tribunal "deberá ratificarla o levantarla en un plazo de cinco meses".

Se trata, por tanto, de una suspensión aplicada mecánicamente por el Constitucional cuando el Ejecutivo hace uso de ese mecanismo, que le permite suspender cualquier norma o resolución autonómica desde el mismo momento de su impugnación. La providencia de admisión va firmada por los magistrados de la Sección Cuarta, Vicente Conde Martín de Hijas, Elisa Pérez Vera y Ramón Rodríguez Arribas. En consecuencia, el Alto Tribunal ha suspendido la vigencia de las resoluciones de la Comunidad desde el 23 de marzo de 2006, "fecha de la interposición del conflicto".

La resolución dispone también que se dé traslado de la demanda a la Comunidad "por conducto de su presidenta" para que en el plazo de 20 días aporte "cuantos documentos y alegaciones considere convenientes".

Las normas suspendidas son, literalmente, "las resoluciones de 17 de noviembre de 2005 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por las que se hacen públicas las convocatorias de concursos, por procedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia del Anteproyecto de Construcción y Explotación de la obra "Cierre Norte de la M-50. Tramo A-6 a M-607" y del Anteproyecto de Construcción y Explotación de la "Nueva carretera R-1. Tramo El Molar/M-12 y Cierre Norte de la M-50. Tramo 607/A-1".

El Constitucional añade que comunicará el conflicto a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid por si las citadas resoluciones están impugnadas o se impugnan, en cuyo caso se suspendería el proceso en el Tribunal Superior hasta que haya sentencia del Constitucional.