El Parlamento solicita que se restituyan los bienes incautados al patrimonio de Marbella

El Parlamento andaluz respaldó ayer por unanimidad la disolución del Ayuntamiento de Marbella, así como que se restituya al patrimonio del municipio los bienes y fondos que se han incautado en la Operación Malaya cuando haya sentencias firmes. En un debate monográfico -en el que, pese a la voluntad expresada por todos, hubo notables agarradas entre los grupos- la Cámara también acordó instar al Consejo de Ministros para que cree una comisión mixta con la Junta que ayude a la futura gestora, y mantener la retirada de las competencias urbanísticas por parte de Obras Públicas

Al comienzo del debate general -que habían solicitado los tres grupos de la oposición- el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, anunció que la Junta se personará como acusación particular en todas las causas penales que se deriven de la operación policial contra la corrupción en Marbella, y pedirá, "en el momento procesal oportuno", que los bienes y fondos incautados sirvan para restituir el patrimonio dañado del municipio. A partir de resoluciones del PSOE, IU y PA con la misma propuesta, la Cámara respaldó por unanimidad que se devuelva a Marbella lo que ha sido expoliado por los procesados, así como que la Junta se persone en el procedimiento.

Además, recibió la aprobación del arco parlamentario completo el paquete de resoluciones de IU para colaborar en lo posible, a través de informes y documentación, con la operación policial y se dé cuenta a la Interpol para amarrar las ramificaciones. Lo mismo ocurrió con las iniciativas del PA en igual sentido.

Ya sin unanimidad (con los votos de PSOE e IU), el Parlamento acordó reclamar al Gobierno central la creación de una comisión mixta con la Junta andaluza para que colabore con la gestora que se constituirá una vez que se disuelva el Ayuntamiento. También se aprobó pedir a la Junta que continúe con la retirada de las competencias urbanísticas que inició la Consejería de Obras Públicas el pasado 14 de marzo y acortar los plazos del expediente abierto.

Fueron rechazadas por la mayoría de socialistas e IU las peticiones de populares y andalucista para que se convoquen elecciones de inmediato y no se llegue a crear la gestora. El PP había registrado otra iniciativa en la que se solicitaba la reprobación de la Junta por su "dejación de responsabilidades" en Marbella, lo que, a juicio de este partido, había llevado al municipio a la situación actual.

En sus tres turnos, el consejero de Presidencia hizo un repaso de los argumentos esgrimidos por el Consejo de Gobierno para instar a la disolución del Ayuntamiento y reclamó de todos los grupos "altura de miras", de forma que se puedan superar las divisiones partidistas y dar soluciones a los ciudadanos. Gaspar Zarrías subrayó que la Junta ha meditado mucho la medida, no lo ha hecho a "la ligera" ni pensando en intereses electorales, y apoyó estas afirmaciones en las 400 acciones judiciales de la Administración autonómica contra los desmanes urbanísticos de las sucesivas alcaldías de Marbella. Llamó la atención de la importancia y trascendencia que tiene la disolución: "La Junta ha tomado esta decisión cuando correspondía, cuando ninguna otra vía era posible y después de la Operación Malaya".

Respecto al adelanto de elecciones, el consejero dijo que la Ley Electoral no admite "atajos" y demandó a todos los grupos que sean "especialmente escrupulosos con el principio de legalidad". "Daríamos una imagen negativa si pretendemos que la nueva etapa quedara inaugurada por una violación flagrante de la ley", dijo Zarrías.