Cristina Narbona: "No se pueden pedir fondos europeos y tratar de eludir la ley"

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró ayer "muy satisfecha" por la decisión de la UE que considera necesaria la declaración de impacto ambiental para la M-30. "No se pueden pedir fondos europeos y luego tratar de eludir la ley", señaló. El Gobierno español ha informado en dos ocasiones a la UE sobre las obras de la M-30 y en ambas ocasiones ha expresado por escrito que era necesario efectuar la declaración de impacto ambiental. La Confederación Hidrográfica del Tajo acaba de denegar al Ayuntamiento la autorización para ocupar más tramos de río.

El Ministerio de Medio Ambiente actúa como representante de las administraciones ante la UE. Así ha informado en dos ocasiones y por escrito de que en su opinión era necesaria, para acometer la remodelación de la M-30, contar con una declaración de impacto ambiental. "Cuando se quiere ir por atajos, se tarda más", declaró ayer la ministra Narbona nada más conocer la noticia. "Nosotros hemos dejado clara siempre cuál era nuestra opinión al respecto. Pero la Comunidad de Madrid decidió eliminar este trámite y ha podido vulnerar la ley".

En opinión de Narbona, el Gobierno que preside Esperanza Aguirre ha adoptado esta decisión en su beneficio político poniendo en riesgo valores medioambientales de la ciudad. "Como lo ha hecho con la M-501", advierte, en referencia a su desdoblamiento.

Según explicó ayer la ministra, la queja de la UE llegará al Ministerio de Medio Ambiente. "Seremos nosotros, de nuevo, quienes actuaremos como representantes de la Comunidad y del Ayuntamiento. Les llamaremos otra vez, escucharemos sus argumentaciones y, además, nosotros volveremos a informar a la UE. Otra vez insistiremos en la necesidad de que haya una declaración de impacto ambiental".

Subvenciones

"No se puede ser europeo para lo que se quiere y eludir las leyes cuando no convengan", insistió Narbona.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió al Ayuntamiento en 2004 un crédito de 1.500 millones, con un interés muy bajo, para financiar parte de las obras de la M-30. Pero el Consistorio aún no ha podido utilizar ese dinero porque el crédito está bloqueado hasta que la Comisión Europea aclare si las obras cumplen la normativa ambiental. De hecho, el Ayuntamiento ha decidido pedir la cantidad que necesitaba a otro banco comercial.

Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, controla las obras de la M-30 en el tramo del río. Para autorizar esta parte del proyecto, la Confederación solicitó al Ayuntamiento el cumplimiento de 42 condiciones. "Están muy vigilados", señaló ayer un portavoz de la Confederación. "Y, aun así, hay cinco expedientes abiertos y en alguno de los casos se detuvo durante unos días la obra en un tramo del río porque se estaban vertiendo residuos".

En noviembre de 2005 se inició un procedimiento sancionador por el depósito de material de obra en el cauce, junto al puente de Praga. El 13 de enero, dos más: uno por la construcción de un murete de hormigón en zona de dominio público hidráulico y otro por acopio de tierras en el cauce. El cuarto expediente fue por los vertidos de material junto al puente de Praga. El pasado 25 de enero, la Confederación Hidrográfica comprobó que se estaban realizando vertidos ilegales de bentonita en una zona próxima a la calle de San Pol de Mar.

Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid, según explicó este portavoz de la Confederación, ha solicitado permiso para ampliar las plataformas de ocupación de la obra en el tramo del río. "Les hemos dicho que no, claro. Ellos quieren más plataformas porque van muy justo en los plazos de ejecución del proyecto, pero ése no es asunto nuestro", añadió.

El Parlamento Europeo está también a punto de fijar la fecha de la visita de los eurodiputados a Madrid para visitar la obra a petición de IU, los grupos ecologistas y los vecinos afectados.

Hace unas semanas, el Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España por no realizar la evaluación de impacto ambiental de Kinépolis, un centro de ocio en Paterna (Valencia). Esta sentencia, que ha sentado jurisprudencia, señala que al excluir del análisis de impacto los proyectos de zonas urbanas, no se ha adaptado correctamente a la legislación española la normativa comunitaria. Las autoridades españolas habían argumentado que como el centro de ocio, considerado el segundo complejo de cines más grande de Europa, con una afluencia semanal de más de 60.000 personas, se construyó en suelo urbano, el impacto sobre el medio ambiente no podía ser importante.