Bruselas denuncia a España por el decreto del PP que impidió la entrada de EDF

España recibió ayer dos serias advertencias por parte de Bruselas por limitar la libre circulación de capitales y mantener la regulación de tarifas en los mercados de gas y electricidad. Por una parte, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, llevó a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por dos leyes de 1999 y 2003, promovidas por el entonces vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, que impidieron la entrada de la francesa EDF en Hidrocantábrico. España es, además, el país "peor" situado en liberalización de gas y electricidad.

En el caso de las leyes aprobadas en la etapa de Gobierno del PP, Bruselas considera que ambas limitan los derechos de voto de las inversiones de empresas públicas en el sector de la Energía. La norma pretendía impedir la entrada de la empresa pública francesa EDF en Hidrocantábrico. Para ello, establecía que "en caso de adquisición o control de más del 3% de las acciones en las compañías energéticas españolas por parte de empresas extranjeras, los derechos de voto por encima de este límite estaban sometidos a la previa autorización del Gobierno".

La iniciativa de McCreevy es el último paso del expediente abierto en 2001 por la Comisión Europea, al considerar que la ley de 1999 y su modificación "insuficiente" en 2003 limitaban la libre circulación de capitales. En julio de 2004, la Comisión envió de nuevo a España "una carta de emplazamiento" exigiendo la corrección de estas leyes. Ante "la falta de respuesta", Bruselas dio un paso más y el pasado julio envió "un dictamen motivado" a las autoridades españolas para que adaptaran la legislación a las previsiones del Tratado de la Unión Europea.

Aunque ayer al enviar el caso al Tribunal Europeo, la Comisión advertía de que "esta decisión era independiente" de la que pueda tomar por el decreto del pasado 24 de febrero (aumento de competencias de la Comisión Nacional de la Energía) por la posible adquisición de Endesa, el retraso primero y la repentina aceleración del proceso tras la OPA lanzada por E.ON han despertado ciertas suspicacias.

Italia, que aprobó una ley similar en 2001 y que ya fue condenada por el Tribunal en 2005, fue apercibida ayer para que cumpliera la sentencia.

A pesar de que en los expedientes en el campo energético España se encuentra acompañada de otros 16 países, los duros comentarios del comisario de Energía, Andris Piebalgs, pusieron de relieve las deficiencias en el funcionamiento de los mercados españoles de gas y electricidad. El comisario afirmó que España y Luxemburgo eran los únicos países que aún no habían trasladado a su legislación las directivas europeas de gas y electricidad.

Expedientes

Piebalgs reconoció, sin embargo, que España era uno de los países que más había avanzado en el desarrollo de energías renovables. En relación con la transposición de directivas, el Consejo de Ministros del Gobierno de Madrid aprobó el pasado 24 de febrero dos proyectos de ley relativos a las de gas y electricidad, que deberán ser aprobados por el Congreso.

Además de España, han sido expedientados por Bruselas otros 16 Estados: Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Suecia, Eslovaquia y el Reino Unido. Este último país, que lleva la aureola de ser uno de los más liberalizados de la UE, también recibió las críticas de Bruselas, sobre todo por "ineficiencia en las conexiones y el mantenimiento de contratos históricos que impiden el funcionamiento del mercado".

En los próximos meses, la Comisión intensificará la presión para conseguir la apertura efectiva de los mercados de gas y electricidad a todos los consumidores a partir del 1 de julio de 2007, tal como acordó el Consejo Europeo del pasado marzo.

La Comisión ha expedientado además a ocho Estados miembros por no aplicar la legislación que promueve las energías renovables (Italia, Polonia, República Checa y el Reino Unido) o haberlo hecho de manera insuficiente (Letonia, Chipre, Grecia e Irlanda).

Además, Bélgica, Chipre y Grecia han sido expedientados por no cumplir sus obligaciones en materia de reservas obligatorias de petróleo.