Los editores piden que la ley impida la reproducción de diarios sin permiso

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha solicitado que la Ley de Propiedad Intelectual -aprobada hace dos semanas en el Congreso y actualmente en trámite en el Senado- impida la reproducción comercial no autorizada de los periódicos. Reclaman que a la prensa se le apliquen los mismos criterios que a los libros, vídeos o películas cuando son pirateados. Los editores quieren evitar que las empresas de press-clipping, dedicadas a la elaboración de resúmenes de prensa, actúen de forma "gratuita y parasitaria" al hacer negocio mediante la reproducción de unas páginas que no son de su propiedad.

"Hasta ahora, esas empresas han tergiversado el sentido de la ley para invocar abusivamente el 'derecho de cita', a fin de reproducir comercialmente el contenido de los periódicos", argumenta la AEDE. Tras calificar de "inaceptable", esta práctica, la entidad afirma que "los perjuicios económicos que derivan de la actual forma de desarrollarse el press-clipping agravan el contexto particularmente complejo en que se desenvuelve la prensa, que está caracterizado, en todo el mundo occidental, por cambios tecnológicos y culturales que vienen generando una pérdida sostenida de difusión de los diarios".

Durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Propiedad Intelectual, la AEDE ha mantenido continuados contactos a fin de que quedara claramente protegido el derecho de los editores -como únicos titulares de los derechos de propiedad intelectual de sus publicaciones- frente a la actividad de las empresas de press-clipping.

Para los editores, el texto que se debate en el Senado es un ejemplo de "legislación improvisada y tendenciosa". Ponen de manifiesto que el proyecto de ley remitido por el Gobierno especificaba que "no tendrán la consideración de citas las recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción cuando dicha actividad se realice con fines comerciales". Pero una enmienda transaccional en el Congreso propone que la remuneración sea equitativa (sin determinar el procedimiento para fijarla) y exige la oposición expresa del autor para que se entienda prohibida la reproducción de una obra (invirtiendo de ese modo lo que es un principio esencial del derecho de propiedad intelectual). La norma no reconoce con claridad que el derecho de reproducción corresponde al editor, como titular de una obra colectiva.