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ANÁLISIS | NACIONAL

Seis meses después

El Congreso aprueba el Estatuto catalán.

JUSTO SEIS MESES DESPUÉS de que la asamblea autonómica de Cataluña votase por abrumadora mayoría la propuesta de un nuevo Estatuto, enviada a las Cortes generales para su debate y negociación, el Pleno del Congreso ratificó el jueves el dictamen que había aprobado antes su Comisión Constitucional sobre la base de los trabajos de la ponencia paritaria formada por ambos Parlamentos. Las modificaciones introducidas en el texto original -desorbitado y maximalista- han tratado de corregir o de frenar las líneas de fuga hacia la inconstitucionalidad, el confederalismo, las usurpaciones competenciales, la financiación foral, las desigualdades sociales y la retórica independentista. Como suele ocurrir en estos casos, el precio pagado por los acuerdos transaccionales es elevado en términos de claridad, sintaxis y coherencia; a los profesores y -sobre todo- a los jueces corresponderá en el futuro la tarea de solucionar las ambigüedades y las contradicciones asumidas por los negociadores para llegar al consenso en los puntos más delicados. Entre las funciones del Estado de derecho figura, en cualquier caso, la misión pacificadora de someter los calientes conflictos de la vida política a la ducha fría de la lógica jurídica.

El PP pasa por alto las significativas diferencias existentes entre la propuesta estatutaria que votó el Parlamento catalán y el nuevo texto negociado que aprobó el jueves pasado el Congreso

PP y ERC votaron el jueves en contra del proyecto de ley que dio forma normativa al entendimiento alcanzado el pasado 21 de enero por el presidente del Gobierno y el presidente de CiU. Es probable, sin embargo, que ese rechazo coincidente de los populares y de los republicanos sea sólo temporal: mientras ERC da vueltas a la idea de abstenerse en el Senado y votar en el referéndum (una acrobática manera de salvar y perder la cara y el crédito al mismo tiempo), el PP no está dispuesto a soltar el bocado del Estatuto.

Resultaría imposible leer de forma inteligible el cuaderno de agravios de ERC sobre el texto aprobado por el Congreso sin conocer el alfabeto de su despechada reacción frente al trato de privilegio que el presidente del Gobierno dispensó el pasado enero al líder de CiU para cerrar las negociaciones sobre el Estatuto. Socios del Gobierno tripartito (al que aportan seis consejeros) y promotores mañaneros de la iniciativa estatutaria, los republicanos se sienten desplazados por sus competidores dentro del campo nacionalista, que sólo en el último momento se sumaron a la firma conjunta de la propuesta catalana. Aunque los ofendidos dirigentes de ERC invoquen únicamente sagradas cuestiones de principio para justificar ese sobreactuado rechazo, sus protestas expresan también el trabajo de duelo que lamenta una oportunidad perdida para reivindicar la primogenitura de la familia nacionalista; si la grosera descalificación por Joan Carretero -consejero del Gobierno tripartito- del proyecto estatutario negociado entre Zapatero y Mas ("un inmenso desastre" cuyo principal culpable sería un presidente del Gobierno "españolista demagogo") fuese compartido por sus compañeros de partido, los republicanos deberían recomendar no ante las urnas a los electores que se consideren herederos ideológicos de los segadores del siglo XVII.

Rajoy ignoró en el Pleno las sustanciales diferencias existentes entre la propuesta autonómica original y el proyecto aprobado por el Congreso una vez que los representantes de ambos Parlamentos pactaran su contenido. La terca obcecación del PP tal vez refleje sólo ceguera ideológica, pero las acusaciones contra el presidente del Gobierno por su delito de alta traición para romper la unidad de España necesitan como trasfondo esa negación de las evidencias. Gusten o no sus contenidos, el nuevo Estatuto -pendiente de aprobación por el Senado y del referéndum popular- cumple los requisitos procedimentales exigidos a la toma de decisiones en los sistemas democráticos. El Estado de derecho faculta en exclusiva al Tribunal Constitucional para decidir si los Estatutos de autonomía y las leyes desbordan los marcos de la norma fundamental. Finalmente, el tremebundo alarmismo del PP sobre el futuro recuerda demasiadas veces las profecías apocalípticas que tratan de forzar el cumplimiento de sus agoreros pronósticos mediante el recurso de anunciar su inminencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de abril de 2006