Los tribunales tardaron ocho años en paralizar una obra con licencia impugnada

En el caos urbanístico en el que se ha convertido Marbella durante los 15 años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), se han producido fallos evidentes de los sistemas de control administrativo y judicial que han consolidado situaciones irreversibles como que en la ciudad haya 30.000 viviendas ilegales habitadas. La Junta de Andalucía impugnó por primera vez una licencia de obras municipal contraria al planeamiento en 1995, pero los tribunales no autorizaron una paralización cautelar de las construcciones hasta ocho años más tarde, en 2003, y desestimaron en medio más de un centenar de peticiones.

Si ha habido más o menos dejación en la labor de control sobre las actuaciones de los gobiernos de Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe es un asunto de recurrente discusión en el ámbito político, pero que muy pocas veces trasciende a otras esferas. Sin embargo es evidente el retraso con el que ha actuado la Administración de justicia, o la inhibición de otros estamentos como los registradores de la propiedad, los notarios, e incluso las entidades bancarias que intervienen también en las operaciones inmobiliarias. En más de una ocasión la Junta de Andalucía les ha pedido colaboración para impedir la venta de viviendas cuyas licencias no se ajustaban al planeamiento urbanístico vigente.

La Junta impugnó por primera vez una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Marbella en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en 1995, el cuarto año de la alcaldía de Gil.

Pero en sus primeras actuaciones, la Administración autónoma apenas encontró ayuda y durante ocho años la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se negó a decretar la paralización cautelar de las obras que siempre se pedía en los recursos para evitar que las viviendas estuvieran construidas cuando se emitiera una sentencia definitiva.

Por aquel entonces, además había una discusión jurídica sobre la validez o no del PGOU de 1986, que Gil nunca reconoció, porque no había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Hubo incluso resoluciones judiciales que admitieron la legalidad de licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento al amparo de su proyecto de PGOU de 1998 que nunca entró en vigor.

Para acabar con esta discusión, la Junta publicó en agosto de 2000 el PGOU de 1986, trámite que de alguna forma contribuyó a cambiar la doctrina del TSJA.

El combate judicial contra las ilegalidades urbanísticas en el ámbito administrativo no llegó hasta marzo de 2003, en un primer auto del TSJA que por fin decretaba la paralización cautelar de unas obras permitidas por Julián Muñoz en contra del PGOU y en el que admitía que, de hacerse las obras, podría causarse un perjuicio a los posibles compradores si finalmente la licencia era anulada. Aquel auto reconocía además la vigencia del PGOU de 1986.

Apenas un mes después, el TSJA dictó la primera sentencia anulando definitivamente una licencia de obras que había sido concedida por el Ayuntamiento marbellí en 1995. Se trataba de un edificio de 465 viviendas en San Pedro que llevaban ya varios años habitados, e incluso algunos pisos ya habían sido vendidos en dos ocasiones. La constructora recurrió al Tribunal Supremo, que aún debe pronunciarse sobre el asunto.

Desde agosto de 2003, el TSJA ha dictado ya 83 autos de paralización cautelar de obras y en varias ocasiones en los que los promotores no ha cumplido les ha enviado una providencia advirtiéndoles de que pueden incurrir en un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Muy lenta también ha sido la vía penal. El primer juicio por un delito urbanístico contra miembros de la corporación marbellí se celebró en marzo de 2005, el caso Banana Beach, por una licencia que fue concedida siete años antes. Julián Muñoz fue condenado a seis meses de prisión. Hasta ahora sólo se han celebrado tres juicios más, y hay unos 40 casos pendientes.