El Gobierno convoca a los agentes sociales para acordar la reforma laboral

La reforma laboral entra la próxima semana en su recta final. Tras varios de meses de inactividad, el Gobierno ha citado a los empresarios y los sindicatos con el objetivo de cerrar un acuerdo sobre cómo mejorar el mercado de trabajo. El Gobierno presiona a ambas partes para que sean capaces de lograrlo y amenaza con dejar en suspenso la prometida rebaja de cotizaciones empresariales si fracasan. Los sindicatos están dispuestos a aceptar un mayor uso del contrato con despido más barato y los empresarios a limitar la excesiva rotación laboral.

La negociación de la reforma laboral arrancó hace ya prácticamente un año y aún no se han producido avances que permitan vislumbrar el acuerdo. Ante la parálisis que vive el proceso, el Gobierno ha decidido acelerarlo para dar una salida al diálogo, sea para anunciar los resultados o, en el peor de los casos, para constatar la imposibilidad de lograrlos. Fuentes de la negociación consideran más probable encontrar un punto de encuentro a lo largo de la semana. "Todo apunta a que será un proceso muy breve con un desenlace rápido", aseguran estas fuentes.

Los negociadores celebrarán varias citas discretas para definir las características del previsible acuerdo. Fuentes de la mesa aseguran que la patronal CEOE, que interrumpió el diálogo a raíz de la aprobación de la Ley de Igualdad, muestra ahora buena disposición. El punto de partida consiste en respetar las condiciones que cada parte considera irrenunciables. Es decir, ni la patronal va a proponer medidas que UGT y Comisiones Obreras consideren absolutamente lesivas (modificar las causas del despido, acabar con el despido ordinario de 45 días por año trabajado...) ni los sindicatos exigirán medidas de máximos (por ejemplo, dejar intacto el contrato con un despido más barato tal como está regulado actualmente).

Seguridad y flexibilidad

La clave de la reforma está en cómo combinar la seguridad en el empleo que exigen los sindicatos (un tercio de los asalariados del país tienen contrato temporal) con la flexibilidad que piden los empresarios. La patronal está dispuesta a limitar los encadenamientos abusivos de contratos temporales, una de las principales manifestaciones de la precariedad. Está por ver si la fórmula elegida será la que propuso el Gobierno: convertir en fijo a todo trabajador que haya trabajado más de dos años en un mismo puesto durante un periodo de tres.

Los sindicatos, por su parte, aceptan una ampliación del contrato de fomento del empleo. Esta fórmula establece un despido de 33 días para colectivos con dificultades de inserción en el mercado: jóvenes, mujeres en sectores donde estén subrepresentadas, mayores de 45 años y parados de larga duración. La novedad consistiría en incluir también a los hombres entre 30 y 45 años en esta modalidad. También volvería a aplicarse ese contrato de 33 días a los temporales que se conviertan en indefinidos, una posibilidad que hasta ahora quedaba limitada a los contratos anteriores a enero de 2004.

Con las nuevas condiciones, el contrato de 33 días podrá aplicarse a la gran mayoría de los trabajadores aunque legalmente no desaparezca el de 45 días.

El Gobierno presiona intensamente a los agentes sociales para que alcancen un acuerdo, pues el propio presidente ha situado esta negociación como un elemento crucial. El Ejecutivo condiciona incluso la rebaja de cotizaciones que ha prometido a la patronal (la nueva lista de enfermedades profesionales que entrará en vigor en breve rebaja la cotización de las empresas) a que los negociadores logren un acuerdo.