Los importadores que compren productos chinos poco seguros podrán ir a la cárcel

La Generalitat detecta y se ve obligada a retirar cada año más productos considerados "inseguros". Hasta ahora, los responsables de importar dichos artículos podían lavarse las manos. El único culpable, el vendedor, quedaba a miles de kilómetros de distancia. Pero las cosas van a cambiar. A raíz de una moción aprobada en el Senado a propuesta de CiU, el Gobierno reconocerá la "responsabilidad civil y penal" del importador. El presidente de la patronal catalana Fepime, Eusebi Cima, se congratuló ayer de la medida y afirmó que "los especuladores por fin podrán ir a la cárcel".

El Gobierno catalán, al igual que la Generalitat valenciana, figuran entre las administraciones autónomas más activas en fomentar las campañas de inspección de productos. No es casualidad si se tiene en cuenta en qué artículos se advierten mayores incumplimientos de las normativas que garantizan la seguridad de los productos: plásticos, textiles, calzado, juguetes y piezas para automóviles. Son sectores con peso en ambas comunidades.

En febrero pasado, la Agencia Catalana de Consumo, dependiente del Departamento de Comercio, concluyó, por ejemplo, que 6 de cada 10 prendas textiles inspeccionadas en Cataluña importadas de Asia, fundamentalmente de China, eran "inseguras". Y citaba adornos y botones fáciles de arrancar con componentes que podían resultar tóxicos y acabar en la boca de un niño. El 16% de las prendas inspeccionadas fueron declaradas "insalubres".

La consejería de Empresa, Universidad y Ciencia de la Comunidad Valenciana retiró entre 2004 y 2005 unos 65.000 productos debido a "riesgos para la salud"; la mayoría de ellos eran importados de Asia. El Gobierno autónomo ha lanzado 1.500 inspecciones en tiendas chinas.

Los industriales de los sectores afectados -en paralelo a sus lamentos por la avalancha de productos asiáticos baratos que arrasan como competidores desde la caída de las barreras a las importaciones- vienen clamando por un refuerzo de los controles en las fronteras también por cuestiones de seguridad. Entre ellos, ha tirado del carro la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas integrada en Fomento del Trabajo, Fepime. Su presidente, Eusebi Cima, explicó ayer el avance que supone la resolución del Europarlamento sobre las relaciones comerciales entre la UE y China. Entre otras cuestones, dicha resolución pide a los gobiernos de los países comunitarios controles eficaces del mercado para proteger a los consumidores de productos que no respondan a la norma CE y, a la Comisión Europea -sobre la cual recaen las competencias en comercio-, que actúe para impedir la importación de artículos fabricados con productos químicos cuyo uso prohibirían los fabricantes europeos.

La Fepime hizo presión y Convergència i Unió (CiU) recogió el guante. El Senado acaba de aprobar por unanimidad a propuesta de esta formación una moción que insta al Gobierno a establecer "una normativa específica sobre la responsabilidad civil y penal del importador que incumpla los requisitos en materia de sanidad, seguridad y calidad industrial de los productos importados".

Fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio afirmaron que los cambios legales "estarán listos después del verano". El ministerio que dirige José Montilla ya se ha comprometido a convertir en "autoridad de vigilancia del mercado de la importación" el actual Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia en Régimen Exterior: ampliará sus funciones y definirá una lista de productos sensibles donde intensificar los controles.

Nueva línea frente a CEOE

Cima -que describió la iniciativa como ejemplo de "la nueva línea de actuación" de Fomento de Trabajo, consistente en "presentar propuestas sobre cuestiones en las que los empresarios creen que no están muy apoyados por la cúpula de la CEOE"- dijo que los afectados por el cambio legal pueden ser "desde las tiendas del barrio comercial chino de la calle de Trafalgar [de Barcelona] hasta los importadores que venden a las cadenas de distribución".

El senador de CiU Carles Gasòliba, promotor de la moción, hizo hincapié en la corresponsabilidad del Gobierno, junto a la CE, en el problema, ya que, como recoge el texto, debe "defender enérgicamente" en el Consejo de Ministros de la UE un control "riguroso y eficaz" de las fronteras para controlar la calidad y seguridad de las importaciones.