Responsabilidad compartida

Es obvio que las cosas se han tenido que hacer muy mal, durante mucho tiempo y por mucha gente, para que el desenlace de la gestión municipal de Marbella haya sido el que ha sido. Muy mal lo tuvieron que hacer quienes dirigieron el Ayuntamiento antes de que fuera elegido alcalde Jesús Gil, ya que, de lo contrario, es prácticamente imposible que un personaje tan esperpéntico como ése hubiera podido obtener masivamente el voto de los ciudadanos durante tanto tiempo. Muy mal han ejercido su derecho de sufragio los ciudadanos marbellíes que han ido a las urnas en repetidas ocasiones pensando que votar por Jesús Gil o por sus sucesores no tenía ningún coste para ellos. Muy mal lo hizo Jesús Gil y los gobiernos municipales que lo sucedieron. Muy mal han funcionado los mecanismos de control, administrativos y judiciales, que no han sido capaces de impedir que se consumara el desastre que finalmente ha dado la cara de manera tan traumática esta semana. No ha habido nada que haya funcionado bien.

Lo más grave es que, además, las señales de alarma se encendieron hace ya mucho tiempo. Casi desde el principio. Lo que ha ocurrido esta semana ha sido el final de la crónica de un desastre anunciado. Nadie puede haberse llamado a engaño. No podíamos saber cuándo iba a ocurrir lo que ha ocurrido esta semana, pero estábamos seguros de que iba a ocurrir en algún momento. Y a pesar de ello no ha habido forma de actuar a tiempo para impedirlo.

Cuando Jesús Gil inició su mandato, tal como estaba la legislación en ese momento, únicamente el poder judicial hubiera podido impedir que se produjeran los desmanes que se han producido. Únicamente si los jueces hubieran interpretado la ley, de acuerdo con las circunstancias que concurrían en el lugar en el que tenían que aplicarla y hubieran atendido la solicitud de suspensión de las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella en los recursos interpuestos contra tales licencias por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, se hubiera podido cortar de raíz la política urbanística que Jesús Gil puso en práctica y que han continuado sus sucesores. Pero los jueces, por las razones que fuera, prefirieron mirar para otro lado, como si el asunto no les concerniera. De los poderes constituidos que han intervenido en este proceso el poder judicial es, sin duda, el que tiene que soportar la mayor cuota de responsabilidad.

También el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que soportar la suya, ya que ha tardado demasiado tiempo en darse cuenta de que tenía que cambiar la legislación para impedir que lo que estaba sucediendo en Marbella pudiera continuar ocurriendo. La ley que posibilita retirar las competencias urbanísticas a un municipio en caso de reiterado y grave incumplimiento de la legalidad ha llegado tarde. Antes de que pudiera iniciarse su aplicación ha estallado por los aires el municipio que estaba en la mente del legislador cuando aprobó la norma. Sabiendo lo que Jesús Gil y sus sucesores estaban haciendo y conociendo cuál era la actitud de los jueces ante la política urbanística que se estaba practicando, se debería haber reaccionado antes. Ahora mismo la comunidad autónoma dispone de una ley, cuya justificación y necesidad nadie de buena fe puede poner en cuestión, pero que no ha servido para evitar lo que debería haber evitado.

Y en último, aunque tal vez habría que decir en primer lugar, está la responsabilidad de los ciudadanos, que se han dejado seducir electoralmente en repetidas ocasiones por un embaucador, del que se podía adivinar a leguas que no era trigo limpio. En lo que ha ocurrido en Marbella tienen responsabilidad distintos poderes públicos, pero también la tienen los ciudadanos, que han de ser conscientes de que el derecho de sufragio no se puede ejercer de cualquier manera o, mejor dicho, se puede ejercer de cualquier manera, pero entonces hay que atenerse a las consecuencias. Los ciudadanos de Marbella van a tener ocasión de comprobarlo.