El plan de inspección laboral se saldó en 2005 con 6.508 sanciones y 16,9 millones en multas
694 centros suspendieron la actividad por infracciones muy graves de seguridad
Los inspectores de Trabajo propiciaron el año pasado que las empresas de Andalucía transformasen en indefinidos un total de 7.584 contratos temporales de trabajadores cuya situación era "precaria y no se ajustaba a derecho". El plan de Inspección, que ejecutaron la Consejería de Empleo y el Ministerio de Trabajo, se saldó también con 6.508 sanciones por infracciones en la prevención de riesgos laborales. Las multas ascendieron a 16,9 millones de euros y los inspectores llegaron a paralizar la actividad en 694 centros de trabajo por infracciones muy graves en seguridad.
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, presentó ayer los principales resultados de la campaña inspectora. "Hemos cumplido con lo que esperábamos porque, además de mejorar la situación laboral de muchos trabajadores, hemos concienciado a miles de empresarios de la bondad de los contratos indefinidos", afirmó Fernández, quien detalló que los 7.584 contratos temporales que pasaron a ser indefinidos gracias a la Inspección de Trabajo representan el 21% de todas las transformaciones contabilizadas en el mercado laboral español.
El mayor porcentaje de este cambio de contratos tras la actuación de los inspectores se produjo en sectores como la hostelería, el comercio y el transporte terrestre. "La labor informativa de los inspectores se ha impuesto a tradicional perfil sancionador de la Inspección de Trabajo", subrayó el consejero, quien puso especial énfasis en el "alto nivel de comprensión" que han mostrado, por norma general, los empresarios ante las indicaciones de los inspectores.
Otra consecuencia "positiva" de las 63.140 visitas de los inspectores a las empresas andaluzas en 2005, según Antonio Fernández, fue la mejora de la seguridad laboral de miles de trabajadores. Una de cada tres visitas inspectoras se centró exclusivamente en prevenir riesgos laborales que se incumplían sistemáticamente.
Las sanciones por inseguridad en las condiciones de trabajo representaron además más de un tercio de todas las infracciones interpuestos por los inspectores de trabajo en Andalucía, donde se contabilizaron 18.156 infracciones 35,26 millones de euros en sanciones.
Campaña actual
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, explicó que la campaña inspectora se volcará este año en garantizar nuevamente la calidad en el empleo a través del control de la contratación laboral, aunque se pondrá especial énfasis en la seguridad laboral. Esta actuación significará el 60% del volumen de trabajo de los inspectores este ejercicio.
La premisa inicial de la Consejería de Empleo y el Ministerio de Trabajo es que los inspectores alcancen las 76.718 visitas a empresas, un 29% más que el año pasado.
Un tercio de estos controles programados, más de 23.600 visitas, estarán orientadas a la prevención de riesgos laborales. Se actuará especialmente en las empresas del sector de la construcción, el más castigado por la siniestralidad laboral.
"Los inspectores basarán su actuación en verificar las condiciones de trabajo y la gestión de los planes preventivos de las empresas, así como la investigación originada por los accidentes de trabajo, mientras que en construcción se efectuará una inspección más centrada en riesgos específicos del sector, como las caídas de altura, atropamientos en zanjas y el estado de la maquinaria", según explicó Antonio Fernández.
El control de la contratación temporal revisará nuevamente posibles casos de fraudes contractuales, el cumplimiento de la integración de los discapacitados en las empresas y el seguimiento del correcto uso de las subvenciones al fomento del empleo.
Por último, el plan de inspección de trabajo para este año desarrollará una campaña específica para el control de la economía irregular y las condiciones de trabajo de los ciudadanos extranjeros. En esta área, los controles perseguirán detectar el empleo sumergido. Los inspectores se volcarán en los sectores con un mayor riesgo, como la hostelería, la construcción, el comercio y las ocupaciones más estacionales.
Por su parte, los técnicos de UGT que el pasado miércoles analizaron el accidente mortal de un joven de 19 años en la cantera de mármol de Salar afirmaron ayer que tienen "serias dudas de que se haya respetado la Ley". El secretario general de UGT, Francisco Ruiz Ruano, tras una concentración, señaló que la zona donde estaba el bloque de mármol que cayó encima del trabajador "no estaba acotada como establece la normativa,sin que existieran elementos de protección como redes metálicas", informa Fernando Valverde.
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