La residencia en la que murieron cinco personas era un psiquiátrico encubierto

El centro en el que murieron cinco personas el martes en Massamagrell (Valencia) funcionaba como una residencia para enfermos mentales encubierta, al que incluso la Generalitat remitía pacientes tutelados pese a que sólo tenía autorización para ancianos. La residencia San Lorenzo de Brindis, que no veía a un inspector de servicios sociales desde 2004, pidió la acreditación para acoger a personas con enfermedad mental en septiembre de 2005. La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, dijo ayer que las medidas de seguridad son iguales para los dos tipos de centros.

La última visita que realizaron los servicios de inspección a la residencia San Lorenzo de Brindis de Massamagrell fue en 2004. Años antes de esta fecha, los responsables de la consejería de Bienestar Social de la Generalitat valenciana comenzaron a remitir allí personas con problemas mentales. Primero mayores de 65 años con demencias. Pero cada vez más fueron enfermos de todas las edades, como indica que entre los fallecidos haya personas de 30 y 50 años. Y todo ello pese a que el centro era oficialmente una residencia de mayores, actividad para la que tenía autorización, y no fue hasta septiembre del año pasado cuando solicitó una acreditación para acoger a enfermos mentales. Entre los residentes había incluso personas incapacitadas judicialmente y bajo la tutela de la Administración valenciana, que los alojó en la residencia a pesar de la irregularidad administrativa que presentaba.

La falta de plazas especializadas para personas con enfermedad mental está detrás de este comportamiento, que, según fuentes del sector, no se trata de un episodio aislado. Aunque, apuntan, es más habitual que se remitan en menor número, cuatro o cinco enfermos mentales por cada centro de mayores, sin llegar a los extremos del centro incendiado. Curiosamente, es mucho más restrictiva la reglamentación relativa a los centros de mayores pese a que las personas con problemas mentales requieren una atención más especializada. Y es que apenas hay normativa que regule este campo.

Poner orden

Fuentes de la consejería de Bienestar Social reconocieron que ahora es cuando "se está empezando a poner orden" en el sector, una vez regulado el de la tercera edad, y recordaron que el proceso de autorización administrativa, pendiente también en otros centros, "es largo". No es la primera vez que la Generalitat tiene que hacer frente a problemas relacionados con centros de salud mental. En septiembre se clausuraron dos viviendas tuteladas. En una, con recomendación de cierre por parte de la inspección, se descubrió un pasadizo donde supuestamente se encerraba a residentes. La otra vivienda se clausuró después de funcionar desde 1986 sin que subsanaran los problemas que tenía.

La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, quitó ayer importancia a la falta de licencia. Aseguró que la normativa de seguridad que han de cumplir los centros concertados con la Generalitat -como era éste a través del programa bono residencia- es idéntica a los requisitos de las residencias para enfermos mentales, por lo que si hubieran tenido la autorización "no hubiera cambiado nada". Los informes de la autorización de la licencia "están terminados y son muy favorables", por lo que "a fecha de hoy, se puede dar una autorización provisional" porque el proceso está "prácticamente ultimado".

"Si es la misma normativa", replicó a la consejera la responsable del PSPV-PSOE de política social, Nuria Espí, "¿para qué hay que pedir una acreditación diferente, que según la consejera estaba a punto?". Espí denunció que el 75% de las 120 plazas de la residencia estaban ocupadas por enfermos mentales cuando para atender a estos pacientes se requiere "más personal, una plantilla con un perfil de especialización distinto y edificios adaptados a situaciones de descontrol y agresividad".

La diputada socialista denunció también la falta de actividad inspectora de la consejería. Actualmente, hay ocho inspectores, a pesar de que la ley de servicios sociales establece un ratio de un funcionario por cada 250.000 habitantes, y, por lo tanto, una plantilla de 18 personas para los 4,5 millones de valencianos.

La Federación Valenciana de Asociaciones de Familias de Enfermos Mentales calificó de "lamentable y muy grave" que haya personas con enfermedad mental en residencias de la tercera edad "sin autorización". También se mostró contraria a que estos pacientes compartan espacios sociosanitarios con ancianos ya que tienen unas necesidades "totalmente diferentes".

Las historias clínicas, los datos aportados por los familiares y las odontografías servían ayer como elementos iniciales para identificar a los cinco fallecidos en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Por si finalmente se necesitara mayor precisión, los forenses cuentan con muestras de ADN de los familiares de cuatro de las víctimas, los cuatro hombres. La familia de la mujer fallecida reside en Francia y ayer se trabajaba aún en su localización. Entre tanto, la actividad en la residencia aparentaba ayer ser normal.