El Ayuntamiento de los escándalos

La historia ha resultado ser exactamente la contraria de la que anunciaban los buenos propósitos que Marisol Yagüe y sus socios de Gobierno se plantearon cuando, en agosto de 2003, desbancaron de la alcaldía a Julián Muñoz mediante una polémica moción de censura. Las promesas se regeneración, de inicio de una nueva etapa, de ruptura con la oscura etapa de Jesús Gil, se esfumaron como la espuma. El primer paso de nuevo equipo ya auguraba el mal camino: la contratación como asesor de Urbanismo de Juan Antonio Roca, el hombre que dirigió el planeamiento de la ciudad con Jesús Gil.

También prometió Yagüe no volver a conceder más licencias de obras contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, de 1986. Y resulta que en dos años y medio la Junta de Andalucía ha impugnado en los tribunales 178 permisos de obras otorgados por ella, casi tantos como los que acumularon en 12 años Gil y Muñoz (211). Éste ha sido uno de los argumentos en los que se ha basado la Administración autonómica para abrir expediente para la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella, una medida sin precedentes en la comunidad autónoma.

La Junta ha impugnado 178 permisos de obra y los jueces han parado 250 proyectos

Durante este tiempo, la alcaldesa se ha negado a revisar las licencias ilegales concedidas por sus antecesores, pese a que la Junta le ha formulado 54 requerimientos. Tampoco atendió ninguno de las 250 reclamaciones para que paralizara obras declaradas ilegales por los tribunales. El Gobierno de Marisol Yagüe no sólo no ha acatado las sentencias judiciales, sino que ha tomado medidas urbanísticas que presuntamente vulneraban la ley, por las que la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha recibido hasta 115 notificaciones.

Los asuntos urbanísticos han motivado la apertura de numerosos procedimientos judiciales -hay 30 casos pendientes de juicio de las anteriores corporaciones- que, sumados a otros casos, como las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, hacen que en estos momentos estén imputados en distintos casos 14 de los 27 concejales de la corporación municipal, 10 de ellos del equipo de Gobierno.

Además, otros cuatro ediles que salieron elegidos en las elecciones municipales de 2003 se han visto obligados a dimitir al haber sido inhabilitados por sentencias judiciales. Es el caso del ex alcalde Julián Muñoz, quien dejó de ser edil un año después de ser destituido como alcalde, tras ser condenado por no facilitar información a la oposición. Después de ello ha sido condenado en dos procedimientos a tres años de prisión en total por delito urbanístico.

También dimitieron en diciembre pasado los concejales procedentes del GIL Rafael González y Marisa Alcalá, condenados junto a Muñoz en uno de los procesos por delito urbanístico. Por último, también en diciembre de 2005, abandonó la corporación el andalucista Carlos Fernández, quien ya no formaba parte del equipo de Gobierno, ya que fue inhabilitado por malversación en el área de Deportes por un asunto de 1995, cuando era concejal del GIL.

En septiembre pasado, Yagüe expulsó del equipo de Gobierno al Partido Andalucista, al que acusó de extorsionar a trabajadores municipales para que aportaran dinero al partido. Por ese asunto están imputados Fernández y el todavía concejal Pedro Pérez, secretario general del PA en la provincia de Málaga.

La Junta de Andalucía, además, decidió hace una semana revocar el convenio de colaboración que firmó con el Ayuntamiento de Marbella en enero de 2003 para la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El objetivo era dotar al municipio de unas reglas de juego claras y acabar con la situación de inseguridad jurídica que envuelve a la actividad urbanística en la ciudad.

La Junta alega los reiterados incumplimientos del Consistorio y su falta de colaboración, que ha llegado hasta el extremo de oponer todo tipo de obstáculos al equipo redactor, que dirige el urbanista Manuel González Fustegueras, quien logró el trabajo mediante concurso. El equipo de Yagüe nunca ha ocultado su disconformidad con el documento de avance elaborado por Fustegueras, en el que se recoge que en Marbella se han construido en los últimos 12 años 30.000 viviendas ilegales, de las que 85% podrían ser regularizadas mediante un sistema de compensaciones. El resto quedaría fuera de ordenación porque se han alzado en terrenos que estaban destinados a equipamientos públicos de la ciudad. Para desacreditar el documento, el Ayuntamiento calculó que ejecutar estas propuestas de regularización le costaría unos 650 millones de euros, una cifra que estimó "inasumible".

Al caos urbanístico en el que vive Marbella se suma también la delicada situación económica del Ayuntamiento, "en quiebra técnica", según constató un reciente informe del Tribunal de Cuentas. Éste cifraba en más de 100 millones de euros las pérdidas patrimoniales que había sufrido el Consistorio por los convenios urbanísticos firmados con promotores.

Hace una semana, la basura se quedó un día sin recoger en la ciudad por la deuda con la planta de tratamiento, propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Además, Telefónica reclama al consistorio de 1.200.000 euros de recibos atrasados. Ayer mismo, los trabajadores lamentaron que la detención de la alcaldesa se ha producido antes de que firmara las nóminas de marzo.

El último escándalo, antes de su detención, lo protagonizó hace unos días Yagüe cuando un juzgado decretó el embargo de su vivienda por el impago de 949.000 euros de unas obras de reforma interior. Yagüe está imputada de malversación por desviar materiales municipales a esta obra particular.