Barberá culpa a los vecinos de las molestias del hospital Virgen del Consuelo

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, responsabilizó ayer a los vecinos afectados por los ruidos, los humos y el tráfico del hospital privado Virgen del Consuelo de que se mantengan esas molestias. "Ellos mismos se han desprotegido", aseguró Barberá tras un acto en el puerto en relación con la sentencia que anula la licencia de actividad que concedió el Ayuntamiento del PP a la clínica en julio de 2004.

Barberá sostuvo que al recurrir los vecinos esa licencia, se ha creado una "situación paradójica" por la que el hospital "se ve liberado" de aplicar las medidas correctoras a que se condicionó el permiso de actividad. "La protección de los derechos fundamentales de los vecinos, respecto al entorno medioambiental y a los ruidos, se ha ido por los aires", alegó Barberá, quien incluso advirtió de que los afectados deberán soportar esas molestias dos o tres años más, tiempo en que podría sustanciarse un posible traslado del hospital a un entorno más adecuado. Un traslado que la propia alcaldesa calificó "de sentido común" y que la empresa estudia.

La alcaldesa descargará en los vecinos la decisión de un posible recurso contra el fallo que anula la licencia y condena en costas al Consistorio y al grupo Nisa, propietario del Consuelo y codemandado. "¿Los vecinos querrán o no que se recurra?", lanzó Barberá tras describir la "desprotección" en que quedan los afectados, a los que consultará la cuestión. Preguntada sobre si el Ayuntamiento, además de la licencia de actividad anulada, no tiene otros medios para imponer correcciones que eviten las molestias al vecindario, la alcaldesa no contestó y reiteró que su "obligación es hablar con los vecinos antes de tomar una decisión".

Mejoras

Barberá apoyó sus argumentos en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que confirmó el rechazo de un juzgado a la petición de suspensión cautelar de la licencia por parte de los vecinos. Éstos alegaron que las medidas correctoras prometidas no se habían adoptado aún, por lo que a su juicio no cabía conceder la licencia. El TSJ no aceptó la suspensión cautelar precisamente porque se imponían mejoras, y según recalcó Barberá, "ratificó el buen y correcto hacer del Ayuntamiento". La licencia anulada sustituyó a la que recibió el hospital en 1970, que debió adaptarse a la actividad calificada por una norma aprobada en 1990. Pero la nueva licencia no se abordó hasta 2003, tras múltiples protestas vecinales.

Seis comunidades de vecinos recurrieron la licencia con el argumento de que el centro incumple el Plan General de Ordenación Urbana. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 les ha dado la razón al señalar que el plan prevé en ese espacio un servicio sanitario de la dimensión de un ambulatorio o centro de salud, pero no un hospital. La licencia se apoya en un incumplimiento del plan general, según el fallo judicial, a lo que la alcaldesa respondió que ella no "interpreta las leyes", sólo describe sus consecuencias.