La juez admite la denuncia del 'caso Orihuela' y pide al fiscal que proponga las pruebas a practicar

La titular del Juzgado número 4 de Orihuela ha admitido la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por 30 supuestos hechos delictivos por la gestión urbanística y contable en el Consistorio oriolano. La magistrada ha comunicado su decisión al fiscal para que este presente el escrito de proposición de pruebas. Los denunciados son el alcalde, cuatro concejales, tres asesores, el secretario, cuatro promotores y la firma Necso. Mientras, la Comisión de Hacienda ha suspendido indefinidamente la nueva contrata de basuras en espera de tres informes externos.

La magistrada, que también lleva 'el caso Cartagena', se declaró primero incompetente

La titular del Juzgado número 4, Lidia María Paloma Montaño, rechazó inicialmente la competencia del caso e impugnó el reparto del Decanato de los Juzgados de Orihuela. El fiscal remitió el escrito el pasado día 14 y el Decanato asignó el caso a la oficina de Montaño dos días después. La magistrada consideró que la denuncia del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, era una ampliación de una causa abierta en el Juzgado número 6 sobre uno de los puntos incluidos en el escrito del ministerio público (el desfase en las obras de la Glorieta Gabriel Miró) y, por tanto, que era esa oficina competente.

El Decanato rechazó el recurso de la juez y mantiene que, por reparto, su oficina es la que tiene que instruir la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Acto seguido, la magistrada acordó la admisión de la misma y dio traslado de su decisión al ministerio público para que presente el escrito de proposición de pruebas. El fiscal acusa a los denunciados de los supuestos delitos de malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación.

El Juzgado número 4 es la misma oficina que instruye la causa de las primas únicas del ex consejero de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena. La juez está pendiente de la decisión del fiscal anticorrupción sobre si ejerce la acusación para retomar las diligencias, inconclusas desde hace 15 años.

Por otro lado, la comisión de Hacienda acordó ayer suspender "indefinidamente" la nueva contrata de basuras y supeditar la adjudicación a las conclusiones de tres informes externos, que la corporación solicitará a las universidades de Murcia y Alicante y a una consultora.

El acuerdo de la comisión, con la ausencia del Alcalde, José Manuel Medina (de viaje en Madrid) se produce tras el escándalo por un supuesto intento de soborno de una las firmas aspirantes a la contrata, la mercantil Urbaser, a Medina y tres concejales más. Esta empresa fue puntuada en primer lugar por la mesa municipal de contratación.

El escándalo del supuesto soborno reavivó la división interna del grupo popular, entre los afines al colectivo campista, liderados por el alcalde, y los partidarios del sector zaplanista, encabezados por la portavoz del grupo, Mónica Lorente. El alcalde era partidario de ratificar el acuerdo de la mesa de contratación en la comisión de Hacienda y, posteriormente, en el pleno. Mientras, los concejales zaplanistas se mostraban a favor de suspender la adjudicación y pedir nuevos informes externos. La contrata también acarreó la división de los altos funcionarios de la corporación, con el secretario en contra de la adjudicación a Urbaser y el interventor e ingeniero, a favor.

Tras dos reuniones frustradas, el sector zaplanista impuso su tesis en la comisión de Hacienda celebrada ayer. A la opción de pedir informes externos antes de adjudicar la contrata se sumó el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll. "Ha habido noticias que han enturbiado ese proceso [la adjudicación de la contrata] y para desenturbiarlo lo mejor son informes independientes externos", dijo.

El supuesto ofrecimiento de pago de comisiones está recogido en dos grabaciones de sendas entrevistas entre el empresario Ángel Fenoll, que también aspira a la contrata, y el portavoz del grupo municipal del Centro Liberal, Jesús Ferrández. Éste niega la autenticidad de las grabaciones y ha iniciado acciones legales contra el industrial, que, por el contrario, defiende la veracidad de las cintas.