El Gobierno abre el proceso para revisar su mayor plan ambiental

El Gobierno abrió ayer oficialmente el proceso para revisar su ambiciosa política ambiental iniciada en 2002. La consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, se reunió en Bilbao con representantes de distintos ámbitos sociales para recoger ideas y propuestas que sirvan para elaborar un documento para el periodo 2007-2010.

Esta iniciativa está prevista en el llamado programa marco ambiental, que se puso en marcha en 2002 con la asunción de 223 compromisos para mejorar el medio ambiente hasta 2020. El proyecto, el primero que supone un plan integral sobre esa materia en Euskadi, prevé una revisión global cada cuatro años. Esta reflexión debe realizarse este ejercicio y la consejería dirigida por Esther Larrañaga lleva varios meses trabajando en un documento que defina las actuaciones entre 2007 y 2010. "Será la hoja de ruta que recoja las metas y actuaciones que en materia de sostenibilidad medioambiental vamos a llevar a cabo en los próximos cuatro años", aseguró la consejera en el acto de ayer.

Para ello, ya se han constituidos dos foros de trabajo: el primero está conformado por grupos ecologistas, sindicatos, asociaciones de consumidores, jóvenes, universidades o medios de comunicación y el segundo incluye a representantes empresariales, centros de investigación, colegios profesionales y asociaciones patronales. Ambos foros debatirán la situación del medio ambiente en el País Vasco y propondrán objetivos y actuaciones.

Consejo consultivo

Además, existe un consejo consultivo con expertos medioambientales y en desarrollo sostenible y comités formados por varios departamentos del Gobierno e instituciones. El objetivo, según resaltó Larrañaga, es garantizar una reflexión participativa, "auténtica clave del proceso impulsado por el departamento". La intención es que el documento que fije las actuaciones hasta 2010 sea presentado en otoño.

El programa marco ambiental del Gobierno aborda la calidad del agua, aire y suelo; la gestión de recursos naturales y la prevención de generación de residuos; la protección de la naturaleza, ordenación territorial y transportes y la limitación de su influencia en el cambio climático. El Ejecutivo realiza todos los años un balance anual de la marcha de sus compromisos y el último, correspondiente a 2005, reflejaba un comportamiento desigual.

Así, de los 75 objetivos programáticos (es decir, elaboración de planes o informes) se había ejecutado el 32%, había avances en el 39%, otro 21% estaban iniciados y un 6% ni siquiera se comenzaron. De las 44 actuaciones prácticas comprometidas hasta 2006, la mitad se consideraban factibles de cumplirse, pero un 11% de las mismas se veían como de "difícil consecución". El entonces consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, defendió que en la revisión del plan deben incluirse costes concretos.