España y Francia se unen para defender la PAC

La Administración española se ha sumado al memorándum francés remitido al Consejo de la Unión Europea para defender el futuro de la Política Agrícola Común (PAC). Este documento cuenta igualmente con el apoyo de otros países como Grecia, Italia, Irlanda, Polonia, Portugal y Eslovenia, y supone la respuesta a la posición manifestada por un grupo de países del Norte, que abogaban por su eliminación progresiva.

Según se apunta en este documento, si la Unión Europea (UE) quiere jugar un papel en el futuro del comercio agrícola internacional debería basar su estrategia sobre varios ejes. En primer lugar, tiene que adoptar hasta 2013 medidas complementarias a la reforma de 2003 para garantizar la competitividad de las producciones agrícolas comunitarias. Frente a los procesos de liberalización de mercados y eliminación de aranceles, como se propugna desde la Organización Mundial de Comercio. El documento indica al Consejo la necesidad de mantener un nivel suficiente de preferencia comunitaria, dadas las mayores exigencias en el seno de la UE en materia de calidad, medio ambiente o bienestar animal. También se reclama que la política agraria siga estando en el núcleo del proyecto político de la organización.

Para los firmantes del documento, la PAC es una política rigurosa, cuyo presupuesto se ha reducido en los últimos años (del 65% del presupuesto de la UE en 1990 al 35% que representará en 2013). Además, está más orientada al consumidor y a los mercados y es más respetuosa con el medio ambiente.

Con vistas al futuro, y para asegurar la supervivencia de la PAC, este conjunto de países propone a Bruselas aligerar las normas de gestión de la misma y dar respuesta al proceso de apertura de mercados que sufren ya los productos comunitarios. Plantean la necesidad de una gestión de la PAC más sencilla, transparente y eficaz.

El documento indica al Consejo la necesidad de poner en marcha nuevos instrumentos que sirvan para proteger rentas y, sobre todo, prevenir situaciones de crisis sin aumentar el gasto presupuestario. Entre otras medidas, se apunta la posibilidad de cambiar el marco regulador para producir más frutas y verduras, el establecimiento de mecanismos específicos para gestionar y prevenir crisis en mercados de vinos o frutas y hortalizas, y un aumento de las ayudas de emergencia sin que ello suponga una renacionalización de la PAC.