Frente común contra el maltrato

Un hospital de referencia como es La Fe en Valencia está poblado de neurocirujanos de prestigio, habilidosos cirujanos cardiacos y oncólogos experimentados. Pero entre sus profesionales necesita también a gente como Carmen. A esta trabajadora social que prefiere encubrir su nombre corresponde una tarea tan delicada o más que las anteriores. Ella fue quien se entrevistó con los padres del pequeño de dos meses que llegó hace dos semanas con fracturas en piernas y costillas y cuyo padre está en la cárcel acusado de un delito de maltrato familiar. Y es la responsable de decir a los padres que existe sospecha de maltrato y que se les retira la tutela hasta determinar las causas de las lesiones que presentan los niños.

Ante el menor indicio de maltrato se está obligado legalmente a comunicar la sospecha

La agresión física está detrás del 18% de las tutelas que asume Bienestar Social

Éste caso y el de la pequeña de Torrevieja de menos de un año a la que se detectaron en el hospital hasta siete fracturas soldadas previas a las lesiones que presentó han hecho saltar las alarmas sobre el maltrato a menores y, especialmente, hacia lactantes, los más indefensos. La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, destacó recientemente el ligero repunte de estas agresiones, e indicó que quizás se deba a la mayor sensibilidad que existe para detectarlos.

Sea o no por este motivo, lo cierto es que la estrecha colaboración entre las consejerías de Sanidad y Bienestar Social hace cada vez más difícil que pasen inadvertidas las agresiones que se producen sobre los más pequeños.

Un protocolo regula con precisión cómo se ha de comunicar las sospechas y el camino que han de seguir las notificaciones desde los hospitales hasta los técnicos de Bienestar Social y los juzgados. Ante el menor indicio de maltrato, los profesionales sanitarios tienen la obligación legal de poner en conocimiento la sospecha de maltrato.

En ello tienen especial importancia los especialistas en radiología infantil, encargados de discernir entre lesiones accidentales o provocadas. "Fracturas previas no comunicadas o lesiones típicas imposibles de haber sido causadas de forma fortuita ayudan a fijar la probabilidad de que la fractura sea intencionada", apunta un especialista en este campo. "También se debe descartar la existencia de osteogénesis imperfecta [la enfemedad de los huesos de cristal], que se puede hacer al 99% con estudios radiológicos", apunta.

En el momento que se activa la sospecha, la puesta en marcha de las medidas a tomar tiene un recorrido bidireccional. Por un lado, mandando el parte de lesiones a la consejería de Bienestar Social para que adopte las decisiones de protección al menor que correspondan si, por ejemplo, no va a quedar ingresado y hay riesgo para su salud. "Cuando entra el fax a la dirección territorial desde el hospital o el centro de salud, lo primero que se hace es abrir un expediente de protección al menor", comenta la directora general de Familia, Rosario Calatayud. Entonces, en función de la gravedad de la situación, se declara inmediatamente el desamparo o se espera unos días hasta que se estudia la situación. En Torrevieja, por ejemplo, tan sólo dos horas después de que desde el hospital se notificara la sospecha a través de fax, el responsable de la unidad de menores de la dirección territorial se personó en el hospital para tomar medidas de protección del menor.

De forma paralela se pone en marcha la vertiente judicial, que suele incluir una investigación policial para determinar las circunstancias de la agresión y, como los dos casos anteriores, medidas de cárcel. La asunción de la tutela por parte de la Administración puede partir de la propia consejería, sin embargo, el juez es el que ha de ratificar esta decisión como lo hizo el viernes al notificar al departamento de Servicios Sociales que se hagan cargo del menor hasta decidir el acogimiento del niño, probablemente con los tíos paternos.

A lo largo e un año Bienestar Social suele asumir entre 400 y 500 tutelas. En 2005 fueron 481, de las que el maltrato físico estuvo presente en el 18% de los casos. Por detrás se situó el maltrato psíquico (12%), el abandono del menor (2%) o el abuso sexual (3%). El motivo más frecuente (54%) es la negligencia en la atención a los hijos derivada de la incapacidad de atenderlos adecuadamente en lo que respecta a una alimentación adecuada, la asistencia al colegio u otras actividades domésticas. Estos motivos no son excluyentes, por lo que en la mayoría de los casos, suelen cruzarse varios tipos de maltrato en cada situación, como apunta la directora general.