Bolivia no negociará nuevos contratos con Repsol YPF y BP si recurren a arbitrajes internacionales

El Gobierno de Bolivia advirtió ayer de que no negociará nuevos contratos con la española Repsol YPF, la empresa Chaco, del grupo British Petroleum (BP), y la argentina Pluspetrol si cumplen su anuncio de recurrir a arbitrajes internacionales.

En una rueda de prensa, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, señaló que las advertencias de esas empresas y los reparos que han puesto Argentina y Brasil a pagar un mayor precio por el gas son señales de que la nacionalización en Bolivia no será fácil.

Según Soliz, las tres empresas señalaron en cartas enviadas recientemente que están pagando de forma provisional nuevos impuestos en Bolivia, pero que mantienen vigente su advertencia de acudir a tribunales internacionales.

"Nosotros tenemos una respuesta para estas empresas: señores, después de la nacionalización vamos a entrar a negociar los contratos, pero si alguna de estas u otras empresas recurre a un arbitraje el Gobierno boliviano no va a negociar", insistió Soliz. Agregó que las compañías que operan en Bolivia, en su mayoría extranjeras, deben someterse a la jurisdicción nacional, y "si hay alguna empresa que no reconoce este principio constitucional se puede ir".

La carta de Repsol YPF fue enviada al ministerio de Hidrocarburos el pasado 24 de febrero, mientras que la de Chaco, participada por Panamerican Energy, del grupo británico BP, es del 6 de marzo pasado, y la fecha de la misiva de Pluspetrol no fue revelada.

"Lo que se avecina es una etapa tremendamente difícil (...), razón por la cual el pueblo boliviano haría mal en desmovilizarse frente a lo que ha hecho en años pasados", declaró el ministro. La nacionalización del gas y el petróleo que ultima el ministerio de Hidrocarburos y que fue reclamada por los sectores sociales en varias olas de protestas desde 2003, puede estar preparada en la primera quincena de abril.

A diferencia de la postura del presidente, Evo Morales, de descartar una expropiación, Soliz afirma que esa medida podía plantearse con una indemnización, como fija la legislación local en el caso de refinerías, pero que en los campos dependerá del análisis de los contratos suscritos por las compañías.