Una Ley del Suelo al servicio de la especulación

Desde UGT vemos con enorme preocupación las graves consecuencias que pueden derivarse de la aprobación de la Ley del Suelo que el Gobierno de Esperanza Aguirre quiere para la Comunidad de Madrid.

El proyecto de ley que ahora se discute pone las bases para que el problema de la vivienda, que se sitúa a la cabeza de las preocupaciones que manifiestan tener los madrileños, no sólo no se aminore sino que se vea agudizado, perjudicando de este modo a cientos de miles de familias madrileñas y, de manera muy especial, a aquéllas cuyas rentas dependen de un salario, que son la inmensa mayoría.

Creo que, en primer lugar, puede ser ilustrativo evaluar la Ley del Suelo de 2001, también del PP, que ahora se pretende sustituir y que ha dado como resultado más significativo el que los precios de las viviendas, a pesar de la intensa calificación de suelo urbanizable y del más que notable ritmo de construcción de nuevas viviendas, se haya incrementado espectacularmente en nuestra comunidad autónoma.

Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, en esta autonomía se han construido unas 505.000 viviendas, esto es, una media anual de 63.000, cifra que ha superado en un 40% a los 45.000 hogares netos creados al año en este mismo periodo de tiempo.

Entre 2001 y 2004, los precios de las viviendas han crecido en Madrid en un 89%, mientras que el aumento de los salarios en esta autonomía en dicho periodo ha sido del 14,8%, lo que implica un aumento de los precios de las viviendas más de seis veces superior al de los salarios.

Pues bien, sobre este escenario, el actual Gobierno regional del Partido Popular considera que es preciso sustituir el texto legal de 2001 anticipando que el principal objetivo de la nueva normativa es facilitar a los madrileños el acceso a la vivienda.

Pero una vez realizada esta declaración de intenciones analizando las medidas concretas de este proyecto de ley vemos que, para conseguir este "loable" objetivo, se pretende reducir aún más las cargas a la propiedad, se introduce la figura del silencio administrativo positivo en todas las fases de tramitación de los planes y se considera por definición como urbanizable todo el suelo que no está protegido.

Es decir, este nuevo proyecto de Ley del Suelo parece estar inspirado en la pretensión de urbanizar cuanto más suelo mejor, pero no con el propósito de lograr un mayor volumen de viviendas protegidas o de generar un aumento importante del espacio dedicado a actividades productivas, sino para reforzar la generación de negocio derivada de la propiedad del suelo mediante la calificación.

Los propósitos especulativos del anteproyecto se confirman cuando pretende excluir de la obligación de calificar suelo para vivienda protegida a los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes, el 7,3% de la población de la Comunidad, que concentran el 40,1% del suelo urbanizable de la misma y el 80% del suelo no urbanizable no protegido. Pero se da la paradoja de que los grandes desarrollos urbanísticos previsibles tendrán lugar en los municipios que la nueva Ley del Suelo pretende eximir de la citada obligación, que es decisiva para generar una oferta importante de viviendas de precio accesible a las nuevas familias y hogares madrileños.

Tampoco parece preocupar a los responsables de este proyecto la calidad de las ciudades resultantes, de las que parecen pretender eliminar la racionalización urbanística por vías como el silencio administrativo, ni tampoco la creación de nueva base productiva empresarial en los desarrollos urbanos previstos.

El Gobierno de Madrid, con este nuevo proyecto legislativo, pretende "enladrillar" Madrid al margen de cualquier consideración medioambiental y de disponibilidad de agua.

La Comunidad que resultará de la aplicación de la filosofía y de la letra de la nueva Ley del Suelo, ajena a cualquier tipo de estrategia territorial que no sea la lógica de mercado a corto plazo, tendría muy poco de competitiva. El anteproyecto facilita la deslocalización de actividades productivas, ante el irresistible tirón de las plusvalías de la construcción residencial.

En conclusión, la preocupación por facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos resulta, con el proyecto puesto sobre la mesa, una falsedad. Son ahora los partidos políticos presentes en la Asamblea de Madrid los que tienen la última palabra acerca de si sale adelante o no un proyecto de ley que sin duda es muy negativo para la Comunidad Autónoma de Madrid y su futuro.

José Ricardo Martínez Castro es secretario general de UGT-Madrid.