ERC votará 'no' al Estatuto en el Congreso

Ni una sola voz se alzó ayer en el Consejo Nacional de Esquerra Republicana (ERC) para que el día 30 sus diputados den un sí al proyecto de Estatuto de Autonomía, en la votación de su conjunto por el Congreso. Por unanimidad, la dirección republicana oficializó su no a una reforma estatutaria que, de esta forma, queda como responsabilidad exclusiva del PSOE, el PSC, CiU e Iniciativa Verds-Esquerra Unida. "No es lo que necesita la sociedad catalana y está por debajo de las expectativas", argumentó su presidente, Josep Lluís Carod, al anunciar la decisión.

ERC, sin embargo, se cuidó de cerrarse todas las puertas para el trámite posterior. Y Carod aclaró que el voto negativo del día 30 no prejuzga la posición a adoptar en el Senado ni en el referéndum que los republicanos también quieren para el 18 de junio. Aunque se declaró "muy escéptico" sobre las posibilidades de introducir cambios, Carod consideró que "sería temerario y precipitado" definir ahora la posición en los trámites finales.

El Gobierno de Zapatero pretende que el referéndum se celebre el 18 de junio

Poco después de tomada esta decisión, el primer secretario del PSC, José Montilla, recordaba en una conferencia de prensa que ERC "ha votado favorablemente el 85% de los artículos del Estatut" y que, por tanto, el rechazo a la globalidad es una contradicción a su juicio "injustificada".

Los dirigentes de ERC hace ya días que ponderan este hecho. El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, argumentó la semana pasada que para la votación del 30 de marzo se compara el proyecto de ahora con el que aprobó el Parlamento catalán, que ha sido muy recortado. En cambio, para el referéndum la comparación se hace con el Estatuto de 1979 y entonces el resultado es otro. "La respuesta no tiene por qué ser la misma".

"Mejor y más ambicioso"

El PSC no desespera de que ERC se decante por el sí en el referéndum. Para ayudar a que los republicanos den este paso, Montilla insistió en este argumento: "Esquerra puede decir que quería mas, pero no pude negar que este Estatuto es muchísimo mejor y más ambicioso que el de 1979".

Ayer, el diputado Joan Ridao, ponente de ERC en la redacción del nuevo Estatuto, explicó así su ambivalente balance: "Nos han dejado con media alma y media cartera". Se refería a que el proyecto recoge un reconocimiento de Cataluña como nación, pero no el que quería ERC. Y que hay mejoras en la financiación, pero no todas las que se perseguían.

La unanimidad de ERC expresa el disgusto con que ha vivido su pérdida de protagonismo en el último tramo del debate. Ni la cúpula ni las bases han digerido que fuera el líder de CiU, Artur Mas, quien pactara el 21 de enero sus puntos esenciales con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Casi con iguales palabras a las que el jueves usó el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, Carod criticó el acuerdo de Mas y Zapatero: "Fue un pacto mal hecho y con prisas". Y puso el ejemplo del desacuerdo sobre el aeropuerto de Barcelona,

Acerca de este asunto, Montilla aportó su grano de arena, para desdramatizar el desacuerdo con el PSOE y lanzar un guiño a CiU e ICV. Anunció que el Gobierno elaborará dos leyes en esta legislatura para el traspaso a la Generalitat de la gestión de los puertos y los aeropuertos. La primera, para traspasar la gestión de los puertos a consorcios con participación mayoritaria de la Generalitat, por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. La segunda sería para la gestión consorciada del sistema aeroportuario catalán, cuya complejidad "no se podía resolver precipitadamente" en medio de la negociación estatutaria.

La decisión de ERC fue criticada inmediatamente por Artur Mas. En un acto de su partido en Horta de Sant Joan (Tarragona), Mas equiparó el voto de ERC al del PP. "Es votar no para que todo quede igual", dijo.

Pese a la situación creada, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no cambiará el calendario previsto tanto para la votación del texto en el pleno del Congreso, el día 30, como para la celebración del referéndum en Cataluña, el 18 de junio. "El Gobierno ha actuado siempre con la vista puesta en que el Estatuto de Cataluña sea constitucional y salga con los mayores apoyos posibles porque es una apuesta para varias generaciones y no en las consecuencias electorales ni en las razones tácticas", según fuentes de La Moncloa.

En esa clave de política de Estado, subrayan en La Moncloa, se movió la reunión que celebraron el 21 de enero el presidente Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, de la que salió el acuerdo político básico sobre el Estatuto, que luego suscribieron PSC e ICV-EU. Y en esa misma clave se ha movido el PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, tratando de adaptar a la Constitución el texto procedente del Parlamento de Cataluña, y en la que ha contado con la complicidad de CiU e ICV.

El Gobierno entiende que como consecuencia de esa política de Estado, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, pueda tener problemas de estabilidad en su Ejecutivo al suceder que una de las fuerzas que le apoya, ERC, votará en contra del Estatuto en el Congreso, pero lo considera un problema de rango menor. Para La Moncloa, la prioridad es que el Estatuto, que es una apuesta a muy largo plazo, se adapte a la Constitución y se apruebe en el próximo referéndum con el mayor apoyo posible.

El Gobierno cree, por tanto, que llevar al otoño el referéndum del Estatuto, como ha amenazado CiU, sólo puede obedecer a cálculos tácticos y electorales. Tampoco cree siquiera que la prolongación del debate sobre el Estatuto le perjudique ante el electorado porque ya ha quedado muy desactivado con las modificaciones del texto para adaptarlo a la Constitución.

El Ejecutivo prefiere pasar la página del Estatuto catalán en junio para dar curso a otros proyectos estatutarios como el de Andalucía, de Canarias y Castilla-La Mancha, cuya votación de admisión en el Congreso se producirá antes del verano. "A partir de ese momento se comprobará cómo el Estatuto catalán no es una iniciativa aislada, cómo hay un proyecto territorial de mayor autogobierno y de adaptación a nuevos retos del que saldrán beneficiadas todas las autonomías y cómo el PP se ve sobrepasado por los acontecimientos", según La Moncloa.

El Gobierno quiere quitar obstáculos para que al inicio del nuevo curso político, en septiembre, pueda aflorar con fuerza el debate sobre sus proyectos de mayor calado social cuando, además, ya se acercan las elecciones municipales y autonómicas de la primavera de 2007.