Interlocución callejera

LOS INCIDENTES CALLEJEROS y los desórdenes públicos provocados durante la huelga general convocada hace diez días por dirigentes de la ilegalizada Batasuna y el sindicato LAB -cuatro bombas depositadas por ETA animaron el festejo- llevaron al juez Fernando Grande-Marlaska a citar a seis de sus organizadores como presuntos autores por inducción de la violenta movilización. Dejando a un lado las medidas cautelares aplicadas a los comparecientes por el instructor (prisión incondicional o elevadas fianzas) y la baja por enfermedad aducida por Otegi para retrasar su declaración ante el juez y aplazar de esa forma su nueva entrada en prisión (de la que se había librado el pasado mes de mayo al precio de depositar 400.000 euros), un enfoque meramente jurídico del episodio arrojaría como única conclusión que se trata de un caso más de aplicación de las normas penales y procesales del Estado de derecho a un supuesto de hecho delictivo.

Los dirigentes de la izquierda 'abertzale' reivindican el privilegio de la extraterritorialidad penal contraponiendo el principio político de oportunidad frente al principio jurídico de legalidad

Sin embargo, la indignación y la sorpresa de las personas citadas por el juez, al haber sido tratadas como cualquier otro ciudadano acusado de los mismos cargos en conformidad con el principio de igualdad ante la ley, muestra los peligros de contraponer retóricamente el principio de legalidad, la clave de arco del Estado de derecho, y el principio de oportunidad, la guía orientadora de las decisiones de los políticos. La anómala extraterritorialidad penal reclamada por Otegi y sus compañeros de fatigas procesales sería una justificada recompensa a la pesada carga que supone la arriesgada misión secreta de preparar, acelerar y conseguir el final dialogado de la violencia entre ETA y los poderes del Estado, perspectiva aprobada en mayo de 2005 por el Congreso de los Diputados para el supuesto de que la banda terrorista abandone previamente las armas. El Gobierno vasco también considera "una insensatez política y un sinsentido jurídico" que los interlocutores en el proceso de diálogo -al estilo de Otegi- sean inculpados por haber convocado la huelga de 9 de marzo, prohibida paradójicamente por su Consejería de Interior y reprimida por la policía autonómica.

La estampa de la cabalgada hacia el campo adversario de un destacamento protegido por la bandera blanca a fin de negociar un armisticio resulta incompatible, sin embargo, con la idea de que esos emisarios pacíficos pudieran aprovecharse de su inmunidad diplomática para cometer todo tipo de tropelías y desmanes en el viaje. Según ese falso paralelismo, las medidas adoptadas por el magistrado Grande-Marlaska contra los interlocutores de la izquierda abertzale habrían sido en realidad la torpe irrupción de un elefante togado en la cacharrería de la alta política. Pese a sus discrepancias sobre las medidas cautelares, el respaldo del fiscal general al juez de la Audiencia Nacional confirma, sin embargo, la falta de fundamento de esa engañosa analogía. La extraterritorialidad penal reivindicada por la izquierda abertzale no pretende sólo cubrir a los interlocutores del nacionalismo radical en tanto que muñidores de un final dialogado de la violencia; también aspira a proteger todas sus estructuras y actividades: como ha explicado Otegi en un libro-entrevista editado por Gara, la "mayoría popular" no puede ser mera "espectadora" de ese proceso, sino que debe "pelearlo también en la calle" a través de "movilizaciones".

En última instancia, estos cínicos planteamientos permitirían beneficiar también a ETA con la lógica de la impunidad: desde la perpetración de atentados (al menos sin muertos) hasta las extorsiones a empresarios y profesionales, pasando por el terrorismo de baja intensidad de la kale borroka. En tal caso, el acercamiento y la excarcelación de los presos, el aplazamiento de las vistas orales pendientes de señalamiento y la suspensión de los procesos en marcha -como el macrojuicio de Madrid- formarían parte igualmente de esa puesta entre paréntesis del Estado de derecho previa a su rendición definitiva. La terquedad de los hechos, sin embargo, desmiente esos ensueños de la sinrazón, albergados como posible y esperanzado proyecto por la izquierda abertzale y anunciados como seguro y apocalíptico pronóstico por los portavoces más demagógicos del PP.