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Editorial:

Un déficit vertiginoso

La evolución del comercio exterior es un indicador evidente de los desequilibrios de fondo en la economía española. Produce vértigo comprobar que el déficit comercial equivale al 7,7% del PIB y ha crecido 2,6 puntos en los últimos dos años; que el saldo comercial deficitario está al mismo nivel que el de EE UU, si bien con menos facilidades de financiación; que un tercio de este aumento se debe a la subida del precio del petróleo, debido a la inquietante dependencia del crudo que sufre la economía española; y que el déficit por cuenta corriente está ya en el 7,6% del PIB, empujado no sólo por el agujero comercial sino también por la pérdida paulatina de rentabilidad del mercado turístico, que recoge cada vez más turistas pero ingresa cada vez menos por lo que compran en España, y el crecimiento de los pagos netos por rentas de inversión provocado por el endeudamiento exterior.

La conclusión es que España tiene un grave problema de competitividad. No es de extrañar si se tiene en cuenta que desde que se puso en marcha el euro la economía española ha presentado siempre una tasa de inflación superior a la media de sus vecinos. No hay expectativa real de que este diferencial vaya a desaparecer, ni siquiera a reducirse de forma notable, en los próximos trimestres. Hoy, debido a la tasa de inflación registrada en febrero (4%), es de 1,8 puntos. Eso significa que los productos españoles son menos competitivos, tanto dentro como fuera; y que, por tanto, no sólo se venden menos en el exterior sino en el interior. Los ciudadanos españoles acuden cada vez más a productos importados. La falta de competitividad ahonda el agujero exterior de forma implacable y cierra la puerta al cambio de patrón de crecimiento, basado durante los gobiernos de Aznar en el consumo y en la construcción, pero que debería fundamentarse en la ganancia de cuota de mercado en el exterior.

Que el déficit exterior sea indoloro, puesto que se financia con facilidad, no reduce la gravedad del síntoma. El primer tratamiento es que las autoridades económicas acepten que se trata de un problema grave por la pésima tendencia que revela; el segundo, que incluso si se admite que no existen remedios a corto plazo, se adopten las disposiciones políticas y presupuestarias que cambien el modelo económico en mercados decisivos -como el turístico- hacia producciones con mayor especialización y valor añadido; y por último, que se actúe de una vez por todas en los mecanismos de formación de precios. Si lo desea, el Gobierno tiene tarea abundante y difícil en el coste descontrolado de la energía o en la especulación exorbitante en los mercados agrícolas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de marzo de 2006