El Urquijo deberá pagar el fondo de pensiones interno a 22 ex empleados

Vuelve la polémica sobre los fondos de pensiones internos de bancos y cajas. El juzgado de lo Social número 1 de Sevilla ha exigido al Banco Urquijo que pague los fondos internos de 22 empleados que abandonaron la entidad antes de su jubilación. La sentencia apoya a los trabajadores en su reivindicación de que tienen derecho a cobrar las pensiones aunque no se hubieran exteriorizado. Unos 3.000 ex empleados de banca pleitean por este derecho.

El juzgado sevillano falló, en febrero pasado, que 22 ex empleados del Banco Urquijo "tienen derecho al rescate, transferencia o movilización al plan de pensiones individual que ellos designen de la dotación que tenían acreditada en el fondo interno de la entidad en el momento de extinción de sus relaciones laborales".

Esta sentencia sigue los razonamientos jurídicos del Tribunal Supremo que, el 30 de enero de 2001, reconoció este derecho a unos ex empleados de La Caixa. Hasta que se exteriorizaron las pensiones, los empleados que se marchaban de una entidad antes de su jubilación no podían cobrarlas.

El Banco Urquijo, entidad bancaria que se encuentra en un proceso reconocido de venta, anunció que recurrirá la sentencia por considerar que no se ajusta a la legislación. En su opinión, "el Supremo ha declarado de manera rotunda que lo que el convenio de banca otorga a los empleados del sector no es un derecho adquirido y consolidado, sino una mera expectativa que sólo consolida si, al llegar a la edad de jubilación, se encuentran trabajando en la entidad y que se pierde si la relación se extingue por cualquier causa con anterioridad". No obstante, todavía no se han producido dos sentencias similares en el Supremo por lo que no se ha unificado doctrina ni creado jurisprudencia.

Los tribunales superiores de diferentes comunidades autónomas se han pronunciado de formar dispar. Si el Tribunal Supremo inclinara la balanza a favor de los empleados la factura sería muy alta ya que la indemnización media se sitúa en los 115.000 euros, que multiplicado por unos 3.000 trabajadores serían 340 millones de euros.