Los expertos de buen gobierno de la UE piden que sólo las empresas evalúen si cumplen las normas

El grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea en materia de buen gobierno considera que ni los organismos reguladores ni los auditores de las empresas deben juzgar el cumplimiento o incumplimiento de los códigos que se adopten en cada país. El Foro Europeo de Buen Gobierno ha emitido un informe en el que respalda el principio de que las compañías "cumplan o expliquen" el incumplimiento de las normas, aunque sean de carácter voluntario. El proyecto de código unificado que prepara la CNMV se acoge de forma expresa a dicho principio.

El Foro Europeo de Buen Gobierno fue creado en octubre de 2004 por una decisión de la Comisión Europea ante la cadena de escándalos empresariales que sacudieron los mercados de EE UU (casos Enron, Worldcom, Global Crossing...) y Europa (Parmalat, Ahold, Vivendi...).

Compuesto por 15 miembros procedentes de distintos ámbitos (empresarial, sindical, financiero, regulador...), el único español es José María Garrido, hoy consejero del bufete Cuatrecasas. En el momento de la creación del Foro, Garrido era responsable del Servicio Jurídico y secretario del Consejo de Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Garrido es también miembro del grupo de trabajo que ha elaborado el proyecto de Código Unificado de recomendaciones de buen gobierno bajo la presidencia de Manuel Conthe, presidente de la CNMV.

El análisis del principio "cumplir o explicar" fue uno de los tres temas debatidos por el Foro Europeo durante el año pasado. Fruto de esa discusión, emitió una declaración el pasado febrero, en la que "respalda firme y unánimemente ese enfoque".

Voluntariedad

El borrador del nuevo código de buen gobierno español, conocido como código Conthe, cita de forma expresa que se basa en la "voluntariedad, con sujeción al principio de cumplir o explicar". El pasado 28 de febrero finalizó el plazo de consulta pública del documento, que ha sido objeto de acérrimas críticas por parte de un grupo formado por 22 compañías del Ibex 35 (entre ellas, PRISA, editora de EL PAÍS, y Sogecable, participada por dicho grupo) y otras cinco ajenas al Ibex 35.

El grupo reunió sus críticas en un informe que fue presentado por Antonio Zoido, presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME), entidad que agrupa los principales mercados de valores españoles. En él, las compañías señalan que "una recomendación de buen gobierno no puede ser fuente de normas ni asignar al órgano regulador la verificación de su cumplimiento".

No obstante, el código Conthe señala como corolario a los principios básicos en que se inspira el de la "legitimidad de las excepciones justificadas", según el cual, "el principio de cumplir o explicar deja a la responsabilidad de la sociedad cotizada seguir o no las recomendaciones del Código, pero le exige que, cuando no las cumpla, explique el motivo pública y razonadamente, para que los accionistas y los mercados puedan juzgarlos".

Garrido señaló ayer que se está revisando el texto y que, en su opinión, "se adaptará a la filosofía" del documento europeo. El grupo dispone de plazo hasta el 31 de marzo para presentar una versión final y trasladarla al Gobierno español.

El Foro Europeo se refiere de forma expresa a la función que deben desempeñar los organismos reguladores y los auditores de las compañías ante los códigos de cumplimiento voluntario. En este sentido, el Foro afirma que "el informe de buen gobierno que explique las áreas que se cumplen así como las razones de las que no se cumplen es responsabilidad del consejo de administración de cada compañía, que deberá ser revisado y debatido con los accionistas".

El Foro precisa que el papel de los reguladores "se limitará a verificar la existencia de dicho informe y a reaccionar ante la existencia de flagrantes tergiversaciones". Y añade que "no interpretará el juicio de los consejos de administración ni el valor de sus explicaciones. Esto es un asunto que compete a los accionistas de la compañía". Igualmente, los auditores tampoco "evaluarán el juicio de los consejos de administración", aunque, dentro del ámbito de su actuación, se les podría requerir que revisen ciertos "hechos" incluidos en el informe de buen gobierno.