El Gobierno catalán aprueba una norma que le permite fijar los horarios de los trenes de Cercanías

Cataluña tiene desde ayer una nueva ley ferroviaria que amplía las competencias del Gobierno. Entre otras cuestiones, garantiza que el Ejecutivo catalán pueda establecer las formas de funcionamiento de todos los trenes, incluidos los de Renfe, cuyo recorrido se circunscriba al territorio catalán. La ley fue aprobada por unanimidad en su conjunto, aunque CiU y el PP expresaron su oposición a algunas partes del articulado. La norma garantiza el derecho de los usuarios a ser informados e incluso indemnizados, pero abre también la posibilidad de multas severas por ir sin billete o por comportamiento incívico.

La competencia del Gobierno catalán sobre los trenes regionales y de cercanías cuyo trayecto discurra íntegramente por territorio catalán figura en el actual Estatuto. Pero la ley de ayer la amplía y define con precisión. La sorpresa fue que la aprobara hasta el PP y que su portavoz en el pleno del Parlament, Josep Llobet, no vaticinara la ruptura de Renfe.

La ley se abre con un minucioso vocabulario que define desde lo que es un cremallera hasta lo que debe entenderse por ferrocarril y por tranvía. Luego pasa a definir las competencias del Gobierno catalán en materia de trenes urbanos (metro y tranvías), cercanías y regionales, así como su potestad para planificar los servicios.

La norma permite que el Ejecutivo declare algunas líneas de "interés general". Esto comporta que su explotación pueda ser adjudicada a una empresa pública de modo que se garantice el servicio. Entre otras consecuencias, esta medida hará posible encargar la explotación de la línea 9 del metro a Transportes Metropolitanos de Barcelona, que ya explota la líneas del suburbano barcelonés. Con ello se garantizará la unidad de gestión del conjunto del metro en Barcelona.

La nueva ley incluye un capítulo dedicado a los derechos y los deberes de los ciudadanos. Para poder garantizar unos e imponer los otros cuando se conculquen procede, en primer lugar, a reconocer como agentes de la autoridad a los empleados de las compañías ferroviarias, de forma que queden legitimados para identificar a un usuario en caso de que esté cometiendo una infracción.

La norma considera conductas sancionables el viajar sin el billete correspondiente o con un billete manipulado, pero también determinados comportamientos. Entre otros, ejercer la mendicidad, la venta ambulante y tocar música en los vagones, sobre todo si se hace con altavoces. Estas actitudes pueden llegar a sancionarse con 6.000 euros.

Los comportamientos manifiestamente incívicos también serán perseguidos. Entre ellos, "utilizar, sin causa justificada, los mecanismos de parada de los trenes, de seguridad o de auxilio", pero también pegar carteles, organizar juegos de azar y colocarse entre los vagones o en los estribos del metro, igual que parar las escaleras mecánicas y pintar en los vagones. Las sanciones irán, en función de su gravedad, desde 6.001 hasta 300.000 euros.

Todos los diputados que tomaron la palabra en el pleno expresaron su satisfacción por el conjunto de la ley, que llegaba ya con un amplio grado de acuerdo, de modo que apenas se presentaron unas pocas enmiendas y todas fueron derrotadas.

La diputada de ICV Bet Font mostró su satisfacción por la nueva norma, pero no dejó de recordar que antes el Parlament ha aprobado tres leyes de carreteras, una de puertos, otra de aeropuertos e incluso de transporte de información por cable. El diputado de ERC Pere Vigo fue también contundente al recordar que Cataluña es un país al que, en general, el tren llega siempre con retraso. Vigo hizo votos para que esta ley acabe con ese tópico.